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La exsenadora Merlano fue presentada ante un juzgado en el estado venezolano de Zulia.

La exsenadora Merlano fue presentada ante un juzgado en el estado venezolano de Zulia. | Foto: www.minci.gob.ve

Publicado 5 febrero 2020


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La exsenadora Merlano fue condenada en 2018 por or los delitos de encubrimiento y asociación para delinquir.

El Ministerio Público de Venezuela, solicitó este martes radicar el juicio contra la exsenadora colombiana Aida Merlano en la ciudad de Caracas.

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A través de mensaje publicado por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en la red Twitter, señala que solicitan al Fiscal con competencia Nacional 59 realizar dicho juicio en esta jurisdicción.

La exsenadora colombiana que se evadió en octubre pasado de la vigilancia policial en  la capital colombiana, fue presentada ante el juzgado 13 de control en el estado venezolano de Zulia.

Junto a Merlano fue imputado el colombiano Yeico Manuel Vargas Silvera, por los delitos de encubrimiento y asociación para delinquir.

Ambos quedan privados de libertad en un centro de reclusión debidamente previsto por las autoridades judiciales venezolanas, precisó el fiscal en un segundo mensaje a través de su cuenta @TarekWiliamSaab.

En Colombia  un grupo de congresistas opositores solicitaron, por medio de una misiva, al nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, que designe una comisión para que tome declaraciones en Venezuela de la ex senadora colombiana, a fin de profundizar sobre los casos de corrupción de los cuales ella dice tener pruebas y están relacionados con las redes de compra de votos en la Costa Caribe.

La carta está firmada por los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro, Carlos Antonio Lozada, Antonio Sanguino, Wilson Arias, Criselda Lobo Silva, Luís Alberto Albán y Omar de Jesús Restrepo,.

En la misiva  se hace un relato de los hechos relacionados con Merlano y se asegura que su recaptura es la oportunidad para conocer los presuntos hechos de corrupción en la región  Atlántico colombiano.

Merlano fue condenada en 2018 a 15 años de prisión en Colombia por corrupción y tenencia ilegal de armas, luego de haber participado en la práctica de compra de votos.


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