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Las protestas violentas impulsadas por la oposición venezolana dejaron más 100 muertos, mil heridos y millonarios daños en bienes públicos y privados.

Las protestas violentas impulsadas por la oposición venezolana dejaron más 100 muertos, mil heridos y millonarios daños en bienes públicos y privados. | Foto: @ViceVenezuela

Publicado 8 febrero 2018



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El Gobierno bolivariano rechazó el abuso de poder de la Corte Penal Internacional al iniciar un “Examen Preliminar”, inexistente en el Estatuto de Roma.

El Gobierno venezolano manifestó este jueves su rechazo a la decisión de la Corte Penal Internacional de iniciar un "Examen Preliminar" a los hechos violentos suscitados desde abril hasta julio de 2017 en el país suramericano, los cuales fueron organizados, convocados y financiados por sectores de la oposición venezolana, con la finalidad de derrocar al presidente electo democráticamente Nicolás Maduro.

Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno venezolano cuestionó la ausencia de un documento oficial por parte de la fiscal de la Corte que informara al Estado la decisión impuesta y que en cambio haya sido a través de información difundida que lograran informarse de los infundados alegatos.

"La República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que otorga preeminencia a los derechos humanos tal y como lo consagra nuestra Constitución", cita la misiva publicada por la Cancillería venezolana.
 

 

Asimismo, el comunicado resaltó el "claro caso de abuso de poder" por parte de la Oficina Fiscal al iniciar un “Examen Preliminar”, inexistente en el Estatuto de Roma como fase o etapa investigativa o procesal.

Pese a ello, el Gobierno bolivariano ratificó su plena contribución al organismo, para que se diluciden los hechos violentos registrados el pasado año en Venezuela, y ofreció suministrar información relevante a efecto de comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional. 

 

Los sucesos de violencia estructurada y planificada que se registraron en Venezuela en 2017 dejaron más de cien personas muertas, tanto civiles como funcionarios de las fuerzas del orden público, más de mil heridos e importantes daños al patrimonio público y privado de la nación latinoamericana. 


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