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Al día de hoy una gran cantidad de personas continúan desaparecidas en Uruguay.

Al día de hoy una gran cantidad de personas continúan desaparecidas en Uruguay. | Foto: desaparecidos.org.uy

Publicado 19 junio 2021



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Zaffaroni criticó que la connivencia entre el poder militar y el político impide el acceso a la verdad sobre los crímenes cometidos por la dictadura.

La integrante de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Elena Zaffaroni, afirmó que el Estado nacional debería obligar a los militares a entregar los archivos operativos de la dictadura.

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La solicitud fue puesta ante un organismo internacional de Derechos Humanos, quien inició el pasado miércoles la audiencia de la causa que investiga la responsabilidad del Estado uruguayo y las dificultades en el acceso a la Justicia en los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes y de Luis Eduardo González, ocurridos en 1974.

En sus declaraciones Zaffaroni se refirió a las circunstancias de la desaparición de su esposo, Luis Eduardo González, quien hasta la fecha continúa desaparecido, "el "stado tiene la responsabilidad de proveer acceso a la verdad a través de los medios judiciales", agregó.

Zaffaroni instó también a organismos de Derechos Humanos a exigir al Estado la entrega de los archivos operativos de la dictadura. La connivencia entre el poder militar y el poder político hace necesario un quiebre que deje definitivamente atrás al terrorismo de Estado y permita cesar el crimen de la desaparición.

Los hallazgo de los restos de detenidos desaparecidos en dictadura muchas veces suceden gracias a filtraciones de información militar. Zaffaroni ejemplificó que el hallazgo de Ubagesner Chávez Sosa “fue porque los datos estaban en la Fuerza Aérea” y el de Fernando Miranda porque “entregaron un plano exacto de donde se encontraba su cuerpo”.

En dicha reunión comparecieron el abogado coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, en calidad de testigo perito experto propuesto por la Comisión Interamericana; Elena Zaffaroni, en calidad de presunta víctima, y el fiscal Letrado Penal de Montevideo Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.


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