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Los recortes salariales podrían afectar a 39.910 trabajadores, sólo en el sector educacional público ecuatoriano.

Los recortes salariales podrían afectar a 39.910 trabajadores, sólo en el sector educacional público ecuatoriano. | Foto: EFE

Publicado 12 marzo 2020



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La decisión de hacer recortes salariales a los trabajadores públicos y cerrar instituciones estatales, ha sido cuestionada por diversos sectores del país.

Sólo horas después del anuncio por parte del presidente de Ecuador, informando medidas de austeridad económica para enfrentar la crisis derivada de la pandemia que provoca el nuevo coronavirus, han sido varias las manifestaciones de rechazo a las mismas en todo el país.

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La Unión Nacional de Educadores (UNE) mostró su inconformidad con la medida de recortes de salario, que el líder del Ejecutivo presentó como “aportes”. En su cuenta en la red social Twitter, la UNE solicitó al Gobierno revisar las medidas adoptadas, además de ofrecerse a presentar una propuesta de medidas alternativas para paliar la crisis.

También, defendieron que no deben ser los servidores públicos, en especial los maestros, los que paguen por la crisis, medida que consideran “inconstitucional”.

“El sueldo del servidor público no ha sido revisado por más de ocho años y su poder adquisitivo ha ido disminuyendo en todo ese tiempo, por lo que pretender que sean los empleados públicos quienes paguen la crisis es inconcebible” señaló la organización.

Por su parte, el Frente Único de Trabajadores (FUT) rechazó tanto los recortes salariales como el cierre y fusión de entidades públicas, lo que, consideran, ocasionará despidos. Plantearon que emprenderán acciones de lucha social si el Gobierno no modifica su postura.

El FUT hizo público un paquete de medidas que, según proponen, paliarían la crisis sin afectar el empleo ni el salario de los trabajadores. Entre estas se encuentran instar a los inversores nacionales a que inviertan en el país y declarar la moratoria de la deuda externa.

Otras medidas propuestas son renegociar los contratos petroleros, el cobro de impuestos a evasores, cobrar más impuesto a la renta a los grandes grupos económicos y crear un impuesto especial a las ganancias extraordinarias de las empresas que pasen del 20% de utilidades sobre el patrimonio.

La inconformidad de los gremios ha derivado en la convocatoria a una movilización el próximo 18 de marzo, para demandar del Gobierno la solución de la crisis sin que se afecte a los trabajadores.
 


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