Sindicato de Costa Rica reafirma lucha por la justicia social en respuesta a ley que impide huelgas

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, manifestó  la voluntad de su organización de continuar luchando por la justicia social en Costa Rica, tras la aprobación por la Asamblea Legislativa de una iniciativa legal que regula huelgas en el sector público y privado. Si la huelga se declara ilegal se le quita el salario a los trabajadores.

LEA TAMBIÉN:

Sindicatos se movilizan por derecho a la huelga en Costa Rica

Al respecto, Vargas aseguró en un video divulgado en el Facebook de la ANEP,  que con este tipo de proyectos de ley la que pierde es Costa Rica, porque entra en una especie de lista negativa de los países violadores de los derechos humanos, mientras la clase política costarricense, la tradicional, se desnuda.

Asimismo, afirmó "no nos da miedo, no nos asusta, no nos preocupa, porque la justicia social en Costa Rica siempre se luchó -durante más de medio siglo- en el marco de la ilegalidad".

El líder sindical apuntó que "un pueblo con hambre, un pueblo sin empleo, un pueblo que le quitan paulatinamente su salario, que le encarecen la vida es un pueblo que va a seguir luchando".

Apuntó que la ANEP tiene 61 años de existencia y él es testigo -porque ha sido parte de la historia de la ANEP- de cualquier cantidad de luchas obreras, de luchas sociales completamente justas y que se hacían en el marco de la ilegalidad.

Además, explicó que vienen medidas más drásticas de ajuste estructural de la economía, más cargadas de injusticia, de desigualdad y la clase política dominante tiene mucho miedo de que al final de cuentas el pueblo mismo les rebase y les pida cuentas como nunca antes se había dado en la historia del país.

Sobre la inclusión de la moción que establece retirarle el salario desde el primer día a quienes se incorporen a las huelgas, Vargas estimó que es una involución, un retroceso, pues Costa Rica se posicionó a nivel de América Latina prácticamente como el país más avanzado en materia de legislación laboral.

Según el dirigente obrero esta propuesta legal indica una etapa histórica que llama de 'autoritarismo en la democracia', y agregó que 'pretende castrar todo tipo de manifestación pública de cualquier carácter, incluso contra políticas públicas, porque esta clase política dominante, la que está en la Asamblea Legislativa y la que no, tiene mucho miedo.

"Hoy retrocedemos a los peores escenarios que había incluso en épocas de dictaduras militares en el Cono Sur. Es muy grave esa aprobación.Pero frente a ello, reiteramos la férrea voluntad de la ANEP de continuar luchando, porque siempre nos motivará la justicia y la razón", expresó.