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Diferentes sectores de la sociedad civil y organismos internacionales ligados a la defensa de los derechos humanos han cuestionado la aplicación de este estado de excepción.

Diferentes sectores de la sociedad civil y organismos internacionales ligados a la defensa de los derechos humanos han cuestionado la aplicación de este estado de excepción. | Foto: EFE (referencial)

Publicado 13 abril 2023



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Del total de 84 parlamentarios, 67 dieron su voto a favor, lo que supone la decimotercera extensión de la misma.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles una nueva prórroga del estado de excepción, decretado en marzo del 2022, pese a las denuncias por vulneraciones a los derechos humanos.

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Del total de 84 parlamentarios, 67 dieron su voto a favor, lo que supone la decimotercera extensión de la misma. Estará vigente entre el próximo 17 de abril hasta el 16 de mayo.

El corresponsal de teleSUR en El Salvador, Roberto Hugo Preza, indicó que "por un año y un mes los salvadoreños están bajo dicho régimen que les limita algunas garantías constitucionales".

"El Gobierno ha reiterado su posición de que gracias a este régimen ha sido posible encarcelar a cerca de 67.000 pandilleros y también lograr que este país por ahora se mantenga como uno de los más seguros", acotó.

Preza también precisó que diferentes sectores de la sociedad civil, así como organismos internacionales ligados a la defensa de los derechos humanos, han cuestionado la aplicación de este estado de excepción.

Varias organizaciones, entre ellas el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, rubricaron un informe presentado ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, MorrisTidball-Binz.

En el texto, presentado el pasado día 8 de abril, se advierte sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el estado de excepción en El Salvador.

El informe resalta que "el estado de excepción suspende garantías propias del debido proceso, así como los derechos de libertad de asociación y reunión, privacidad en las comunicaciones, a ser informados sobre el motivo de la detención, la presunción de inocencia y a tener asistencia letrada".

De igual forma, subraya que la medida ha superado ampliamente el plazo máximo de 60 días de vigencia que prevé el artículo 30 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional para el Estado.


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