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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU constituye un espacio de confrontación por la politización del tema que promueven algunos países.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU constituye un espacio de confrontación por la politización del tema que promueven algunos países. | Foto: Twitter CDHONU

Publicado 6 octubre 2020



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El Consejo de Derechos Humanos llamó a fortalecer la cooperación y la asistencia sin injerencias externas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este martes en su 45 periodo de sesiones una resolución sobre el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en Venezuela, con un llamado al diálogo en la nación suramericana.

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El proyecto fue presentado por Irán, Siria, Turquía y la propia Venezuela y resultó aprobado por el voto de 14 países contra siete. Asimismo, 26 países se abstuvieron.

El texto subraya la "importancia del diálogo constructivo y la cooperación con el Estado de que se trate, a fin de reforzar su capacidad de cumplir las obligaciones que le incumben en materia de derechos humanos". 

Asimismo, expresa la preocupación por "el efecto perjudicial de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela", las cuales "han agravado aún más los efectos de la crisis económica y, por ende, la situación humanitaria del pueblo venezolano".

La resolución pone énfasis en lo que denomina "su profunda convicción de que el logro de una solución pacífica, democrática y constitucional a la situación actual de Venezuela incumbe al pueblo venezolano, sin ninguna injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros". 

De igual forma, se reafirma que la solución requiere de "un marco de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y procesos electorales libres, limpios y transparentes".

En línea con los reclamos del Gobierno de Caracas, el documento llama "a fomentar las negociaciones y un diálogo político verdadero e inclusivo entre el Gobierno y la oposición a fin de alcanzar una solución pacífica, democrática, creíble y constitucional en Venezuela".

El texto aprobado celebra el establecimiento de una presencia permanente de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela, incluido "el acceso ilimitado concedido por el Gobierno a todas las regiones y centros de detención, y el fortalecimiento del sistema judicial y los mecanismos institucionales para la protección de los derechos humanos".

El documento insta a la preservación "del espacio democrático y cívico del país, respetando, protegiendo y haciendo efectivos los derechos civiles y políticos, incluidas las libertades de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación". 

La resolución alienta "tanto al Gobierno como a la oposición a que avancen por la senda del diálogo político genuino a fin de alcanzar una solución pacífica, democrática y constitucional que conduzca al pleno respeto, la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos en el país". 

El planteamiento se encuentra en consonancia con la posición del Gobierno de Nicolás Maduro en relación con las vías para atender la situación actual en el país, de cara a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.


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