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A tres años de aprobarse por vía referendo la salida de la Unión Europea, las naciones que integran el Reino Unido se preparan para afrontar una eventual salida abrupta del bloque comunitario.
Este domingo se cumplen tres años del referendo británico que decidió la salida de la Unión Europea (UE) después de integrar el bloque comunitario desde su fundación.
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La consulta popular se realizó el 23 de junio de 2016 en Gran Bretaña, donde un 51,8 por ciento se impuso sobre 48,1 pidiendo la salida de la U.E.
El brexit (abreviatura en inglés de "british exit") como es conocido el acontecimiento, ha originado que el cuerpo político británico padezca una desestabilización inusitada, primero con la dimisión del primer ministro, David Cameron y posteriormente con la dimisión de Theresa May.
Tras la decisión soberana del referendo comenzaron las negociaciones para la salida con las autoridades europeas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con Bruselas fue rechazado por el Parlamento británico en tres ocasiones, precipitando la dimisión de May que debió pagar el costo político del fracaso.
Actualmente se disputan la sucesión de la premier el exalcalde de Londres Boris Johnson y el canciller Jeremy Hunt. Johnson, que se presenta como el candidato favorito, ha expresado que el brexit se producirá el próximo 31 de octubre (fecha límite establecida por la UE) aunque este sea sin mediar un acuerdo final, lo que se conoce como la opción del "brexit duro". Hunt, en cambio, presenta una posición más moderada tendiente a continuar con las deliberaciones en el Parlamento.
En caso de producirse finalmente un brexit duro, este podría implicar la ruptura abrupta de todas las relaciones comerciales y de intercambio con el bloque de países que integran la UE, generando un peligroso desequilibrio en la balanza comercial del Reino Unido y sus ingresos fiscales.
Aunque ese escenario es poco probable, sus consecuencias podrían ser de gran envergadura, ya que implicaría que los derechos y obligaciones entre las partes quedarían suspendidas, se volverían a imponer los aranceles y controles aduaneros a cadenas productivas, y el comercio regiría nuevamente bajo la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En ese marco, analistas adelantan que habría un impacto en el aparato productivo británico y sus exportaciones se verían severamente afectadas por los gravámenes, ya que el 53 por ciento de la relación comercial del Reino Unido es con países integrantes del Bloque.
