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Fujimori enfrenta un proceso judicial por las esterilizaciones forzosas aplicadas durante su segundo período en el Gobierno.

Fujimori enfrenta un proceso judicial por las esterilizaciones forzosas aplicadas durante su segundo período en el Gobierno. | Foto: Andina

Publicado 5 marzo 2021



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El Tribunal Constitucional descartó el recurso por considerarlo un asunto que no corresponde resolver en la vía constitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó un recurso legal que pretendía indultar al expresidente, Alberto Fujimori, quien cumple una condena a prisión de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

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El dictamen del TC, con fecha del 12 de febrero, sostiene que "el recurso de agravio no está referido a una cuestión de derecho de especial trascendencia constitucional porque se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía constitucional",  difundieron medios de prensa locales. 

El recurso, el cual apelaba a la avanzada edad de Fujimori y la posibilidad de contagiarse con la Covid-19. fue puesto en el TC por Hiro y Sachie Fujimori, hijos del prisionero, con el objetivo de anular un fallo del Poder Judicial que el año pasado también rechazó otro intento por lograr que el exmandatario terminara de cumplir su condena en una propiedad agrícola de ambos en Sayán, en el norte de la región de Lima.

Con la llegada de la pandemia de la Covid-19, también apelaron a la excarcelación de Fujimori, de 82 años, por el riesgo de contagio. Sin embargo, el expresidente está recluido en la prisión de Barbadillo, al este de Lima, en un ambiente exclusivamente construido para él, con servicio médico permanente y visitas de sus familiares y conocidos.

"Los hechos denunciados se relacionan con asuntos que le corresponden exclusivamente a la judicatura ordinaria valorar y resolver", agregó el TC en su resolución en alusión al interés de su familia de que el exjefe de Estado cumpla su condena en un nuevo domicilio.

Fujimori enfrenta un proceso judicial por las esterilizaciones forzosas aplicadas durante su segundo período en el Gobierno (1995-2000), entre otros crímenes.  La justicia peruana establece que no puede ser indultado salvo con un perdón humanitario sujeto a la verificación de que el encierro pone en peligro inminente su vida. 


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