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La justicia salvadoreña no ha podido esclarecer el caso de la masacre de los jesuitas en 1989, caso solo posible en España, dada  la nacionalidad de cinco de ellos.

La justicia salvadoreña no ha podido esclarecer el caso de la masacre de los jesuitas en 1989, caso solo posible en España, dada la nacionalidad de cinco de ellos. | Foto: Twiiter: UCA El Salvador

Publicado 3 febrero 2021


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La codena de 133 años al excoronel I. Montano está motivada por la matanza jesuitas españoles en El Salvador en 1989.

El Tribunal Supremo de España ha confirmado este miércoles la condena a 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, lo cual califica de "crimen de Estado".

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La ratificación de la condena se produce, apenas cinco meses después de que la Audiencia Nacional condenase al único dirigente militar juzgado en España por estos hechos, en una sentencia sobre lo que denomina "auténtico relato de terror y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado".

De 78 años y con un delicado estado de salud, Montano fue condenado por cinco asesinatos de carácter terrorista.

La sentencia se refiere a los crímenes de los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, perpetrados la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA) y en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

El tribunal también le consideró autor de los crímenes de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López; de la cocinera del centro, Julia Elba; y de su hija Celina Mariceth, de 15 años, si bien no se le pudo condenar por ello al no haber concedido Estados Unidos su extradición por estos hechos.

La sentencia, la cual llegó más de 31 años después de la matanza, estimó probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, de la cual formaba parte no solo el condenado sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.

Al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN), el ejéricto salvadoreño, quien gozaba de la simpatía estadounidense decidió ejecutar a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad y quien de forma más intensa intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, mediante el diálogo y la negociación.

De acuerdo a la sentencia, ratificada esta jornada, fue una decisión "tan grave" como la de "ejecutar con el propio instrumento de seguridad del Estado", es decir, se adoptó "desde el poder establecido y utilizando 'las armas del poder' frente a unas víctimas absolutamente indefensas a las que matan por unos teóricos ideales que tenían, y/o relacionándolos con movimientos de resistencia pública" y que "nada pudieron hacer para defenderse".

Entretanto, en El Salvador la Corte Suprema local recién ha cerrado la causa penal contra el resto de los autores intelectuales a los que señala la sentencia española, dictada en virtud del principio de justicia universal. La Fiscalía ha recurrido la decisión y ha pedido la recusación de los magistrados que acordaron el archivo. 


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