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El documento denunciará una serie de violaciones de Derechos Humanos y crímenes cometidos por fuerzas militares entre 1964 y 2016.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y varios firmantes de los acuerdos de paz en Colombia radicarán este martes un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cual aborda una serie de violaciones cometidas por las fuerzas militares de ese país entre 1964 y 2016.
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Bajo el título de “Crímenes de guerra y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por las Fuerzas Militares y organismos de seguridad del Estado en el periodo de 1964-2016” se presentará el documento, cuyo carácter será el de denunciar esta serie de irregularidades.
El miembro del equipo negociador por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y exintegrante del Secretariado de esa guerrilla, Joaquín Gómez, presentará el texto, acompañado de los senadores Victoria Sandino, e Israel Zuñiga.
Toda mi solidaridad con las familias de los firmantes asesinados.
— Mary Hengy Torres (@Juana_Dulce) March 12, 2022
Como sociedad debemos exigir al próximo congreso y gobierno que hagan todo lo necesario para implementar los #AcuerdosDePaz.
La vida de los líderes sociales y los firmantes de la paz debe ser sagrada. https://t.co/gWxhHdTQGg
A ellos se sumarán el diputado Benedicto de Jesús Gonzalez, en calidad de firmante del Acuerdo de Paz; Eduardo Carreño, miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; y Gustavo Enrique Gallardo Morales, de la organización defensora de Derechos Humanos Lazos de Dignidad.
Precisamente este lunes, el defensor del Pueblo Carlos Camargo, presentó ante la JEP un informe sobre la seguridad de los excombatientes solicitado por ese ente en abril de 2021 y el cual pretende poner fin al asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP.
En tal sentido, Camargo remarcó que “una de las metas más importantes es garantizar la seguridad de los excombatientes de las antiguas Farc, quienes se acogieron al proceso y están reincorporándose a la vida civil con sus núcleos familiares, reconstruyendo sus vidas”.
A su turno, la vicepresidenta de la #JEP recalcó en la importancia de que el cumplimiento de estas recomendaciones sean monitoreadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que adoptó medidas cautelares para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz. pic.twitter.com/EAa7eH6CqO
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 14, 2022
“Desde la Defensoría del Pueblo creemos que esta es una condición esencial para construir la paz. Por esta razón construimos un informe sobre la situación de seguridad de los excombatientes. En el documento se recopiló información de diversas entidades, cómo la Fiscalía, que estableció que, pese a los esfuerzos Estatales en las garantías de protección, 285 personas en proceso de reincorporación han sido asesinadas desde 2017”, detalló Camargo.
La JEP, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se encuentra vigente en esa nación suramericana desde marzo de 2017; y su principal objetivo radica en satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado, así como esclarecer los delitos más graves y representativos, en aras de poner fin a décadas de guerra e inseguridad.
