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Organizaciones sociales y familiares de las víctimas han manifestado su desacuerdo con el proyecto de ley.

Organizaciones sociales y familiares de las víctimas han manifestado su desacuerdo con el proyecto de ley. | Foto: @JaimeteleSUR

Publicado 17 octubre 2018

De aprobarse el proyecto, beneficiaría a personas que han cometido  violaciones de los derechos humanos, como el dictador Alberto Fujimori.

El Pleno del Congreso de Perú aprobó recientemente el proyecto de ley de ejecución humanitaria de penas, que otorga beneficios penitenciarios a personas mayores de 65 años.

Estos podrían cumplir su condena bajo arresto domiciliario y vigilados por grilletes electrónicos.

 

Quienes se acojan a este beneficio deben haber cumplido el tercio de la pena y podrán desplazarse bajo libertad vigilada en la provincia donde quede establecido su domicilio.

¿A quiénes beneficiaría?

- Mujeres de 65 años y hombres de 68 años con discapacidad severa registrados en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). 

- Adultos mayores de 75 años que padezcan una enfermedad grave o crónica. Para recibir este beneficio, el interno debe someterse a un examen de medicina legal.

¿A quiénes no?

-Condenados por delitos de terrorismo.
-Traición a la patria.
- Sicariato.
- Feminicidio.
- Tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.
-Organización criminal conforme a la Ley 30077.
-Condenados a cadena perpetua.

¿Por qué es polémico?

De aprobarse el proyecto de ley beneficiaría a personas que han cometido numerosas violaciones de los derechos humanos, desapariciones forzadas y asesinatos.

Tal es el caso del dictador Alberto Fujimori, quien en abril de 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de lesa humanidad en las matanzas de Barrios Altos (1991) y la Universidad La Cantuta (1992) en donde murieron 25 personas.

 

Asimismo, fue condenado por el secuestro agravado del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti en 1992. 

El pasado 3 de octubre el Poder Judicial de Perú anuló el indulto humanitario otorgado al dictador en diciembre de 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en respuesta a la petición hecha por familiares de las víctimas. 


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