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La Policía peruana cerró la calle y gaseó a los manifestantes, que se movilizaron de manera pacífica.

La Policía peruana cerró la calle y gaseó a los manifestantes, que se movilizaron de manera pacífica. | Foto: Rimac Llaqta

Publicado 25 febrero 2023



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Lanzan gas lacrimógeno en Lima a participantes en la marcha nacional contra la impunidad. Se reportan al menos dos heridos.

La Policía Nacional de Perú reprimió este sábado en la capital, Lima, a manifestantes que respondieron a la convocatoria popular de una marcha nacional contra la impunidad y se movilizaban contra el Gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte, al que responsabilizan de las más de 60 muertes ocasionadas por la represión.

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Imágenes y videos difundidos a través de las redes sociales mostraron a los manifestantes congregándose en el campo de Marte, en el distrito de Jesús María, desde donde iniciaron su marcha a través de espacios limeños.

Mientras se movilizaban por la avenida Arequipa, un contingente policial cerró la calle y les lanzó bombas de gas lacrimógeno a pesar del carácter pacífico de su demostración.

A consecuencia de ello, se suscitaron enfrentamientos con al menos dos personas heridas: un hombre y una mujer (con una lesión en la cabeza), quienes no pudieron recibir auxilio de manera rápida a consecuencia de la prepotencia policial.

Trasmisiones en vivo de los hechos permiten ver el momento en que los agentes detienen y golpean a dos manifestantes a quienes ya tenían en el suelo.

Organizaciones sociales y espacios de articulación habían convocado a esta marcha contra la impunidad y para rechazar la pretensión de amnistiar a militares y policías.

Durante la movilización, se reiteraron eslóganes llamando a la unidad popular y ratificando que quienes luchan en las calles no son terroristas. Los movilizados expresaron que los espacios públicos pertenecen al pueblo y no a la presidenta Boluarte, a quien llamaron “asesina”.

El frente de la movilización lo formaron decenas de personas que cargaban ataúdes simbólicos y exigían que la mandataria y otros responsables de las muertes ocasionadas por la represión sean llevados ante la Justicia.

Desde el inicio de las protestas han muerto más de 60 personas, la mayoría a consecuencia del uso de violencia extrema contra los manifestantes, que piden el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente de la que resulte una Constitución representante de los intereses de las grandes mayorías excluidas.


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