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La Policía Federal (PF) de Brasil solicitó el pasado miércoles a la Corte Suprema investigar al presidente Michel Temer por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La nueva causa contra el mandatario de facto podría derivar en una tercera denuncia formal y en su eventual destitución del cargo de presidente.
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Al conocer del pedido Temer emitió un comunicado rechazando las conclusiones de una investigación que a su juicio constituye "un atentado a la lógica" y demuestra una voluntad de "persecución".
Según lo revelado por el portal G1, el informe del comisario Thiago Delabary sostiene que el presidente de facto recibió en marzo de 2014 un total 1,438 millones de reales (610.000 dólares al cambio promedio de ese año), procedentes de solicitaciones de Moreira Franco, el actual ministro de Minas y Energía, a la constructora Odebrecht, cuyas redes de corrupción se extendieron por varios países de América Latina.
Las conclusiones de la investigación fueron enviadas esta semana a la Corte Suprema, que ahora las remitirá a la Fiscalía para que decida si presenta denuncia formal contra el jefe de Estado en un caso por el supuesto pago de sobornos de 10 millones de reales (unos 2,4 millones de dólares) de Odebrecht.
La causa investiga el pago de Odebrecht al Movimiento Democrático Brasileño (MDB) partido de Temer, para la campaña electoral de 2014, en la cual se presentó como vicepresidente de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff destituida en 2016 por el Congreso.
La investigación fue abierta en marzo del 2017 con base en un testimonio presentado por un ex ejecutivo de Odebrecht, Claudio Millo Filho en el marco de un acuerdo en el que se comprometió a colaborar con la Justicia y revelar sus delitos a cambio de reducciones en sus condenas.
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Las sospechas se extienden a los ministros Eliseu Padilha, titular del Ministerio de la Presidencia, y Wellington Moreira Franco, de Minas y Energía, dos de los colaboradores más cercanos del mandatario.
Las dos primeras denuncias contra Michel Temer, en 2017, fueron bloqueadas por la Cámara de Diputados, única autorizada a habilitar una investigación de la Corte Suprema sobre el jefe del Ejecutivo. En caso de autorización de la pesquisa, Temer hubiera sido separado provisoriamente de su cargo.
Una de esas denuncias era por corrupción pasiva y otra por obstrucción a la justicia y formación de organización criminal, en ambos casos relacionadas con confesiones de los jefes del gigante de la alimentación JBS.
