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La Policía de la provincia de Jujuy, Argentina, allanó el martes por más de cinco horas la sede de la organización social Tupac Amaru por orden del juez Pablo Pullen Llermanos.
#Argentina | #Ahora Sin dar ningun tipo de informacion el juez Pablo Pullen Llermanos se retiró de la sede de la Tupac Amaru custodiado por mas de 40 agentes de la fuerza de seguridad pic.twitter.com/4nabtbLJa4
— Sabrina Roth (@sabrina_telesur) 6 de junio de 2018
Las autoridades de Tupac Amaru denunciaron que el operativo se realizó sin ninguna notificación y sin permitir el ingreso a los abogados, por lo que la acción policial no contó con testigos. “Exigimos el cese al hostigamiento y la persecución política”, añadieron los integrantes de la organización.
Hasta el momento no se les ha brindado información sobre los resultados del allanamiento ni se permitieron ingresos o permanencias en la sede, explicaron.
#Argentina | #Ahora Le niegan a los abogados de la organización el ingreso a la sede mientras realizan un allanamiento del cual no le brindaron la información a los letrados @telesurtv pic.twitter.com/XN8yLmu0hy
— Sabrina Roth (@sabrina_telesur) 5 de junio de 2018
#Argentina | #Ahora Impiden el ingreso y corren al diputado provincial y coordinador de la Tupac Amaru Juan Manuel Esquivel @teleSURtv pic.twitter.com/DIMHHAVL4X
— Sabrina Roth (@sabrina_telesur) 6 de junio de 2018
La acción policial busca impedir la actividad política y social de la organización, “lo que demuestra una vez más la agenda sistemática de acallar las voces disidentes", sostuvieron los integrantes de la organización.
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Entre el 24 y 25 de mayo pasado, el juez Llermanos ordenó una serie de allanamientos simultáneos. Las fuerzas del orden retuvieron cinco ambulancias, tres vehículos para transporte de personas y un camión pertenecientes a la organización social.
Contra Milagro Sala
El operativo de la Policía y la acción judicial está enmarcada en la persecución y hostigamiento dirigido por el gobernador Gerardo de Morales contra la referente de la Tupac, Milagro Sala, presa de manera arbitraria desde enero de 2016.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en agosto de 2017 que “las condiciones de detención de Milagro Sala constituían una situación de hostigamiento y estigmatización que ponía en riesgo su vida e integridad”.
En 2017, la CIDH exigió al Estado argentino adoptar medidas alternativas a la prisión, sobre todo teniendo en cuenta la “excepcionalidad de la detención preventiva”.
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Ante el incumplimiento por parte del Gobierno de Mauricio Macri a las recomendaciones de la CIDH, esta pidió la intervención de la Corte Interamericana. Tras el repudio internacional, el Estado argentino le otorgó a Sala la prisión domiciliaria, pero lo hizo en una casa que no era la suya y con un régimen de excepción con custodia y presencia policial.
