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El Consejo de Minería rechazó los pedidos del gobierno regional de Arequipa.

El Consejo de Minería rechazó los pedidos del gobierno regional de Arequipa. | Foto: Twitter @ExpresoPeru (Foto referencial)

Publicado 30 octubre 2019





De esta manera, la empresa estadounidense Southern Copper recibe la autorización para ejecutar esta obra ante las protestas de los pobladores del Valle del Tambo.

El Consejo de Minería de Perú declaró este miércoles infundado el recurso presentado por el Gobierno regional de Arequipa, que buscaba suspender la licencia para la construcción de una planta destinada a la explotación minera en ese departamento. 

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De esta manera, la empresa estadounidense Southern Copper recibe la autorización para ejecutar esta obra ante las protestas de los pobladores del Valle del Tambo, que podrían convocar a un paro general en las próximas horas, mientras se prevén protestas en en el municipio de Islay, Arequipa. 

La compañía minera participó en la audiencia convocada por el Consejo de Minería, como parte del proceso iniciado para revisar la entrega de la Autorización de Construcción al polémico proyecto minero Tía María.

Los pobladores del Valle del Tambo en Cocrachacra que se oponen a ese proyecto, se reunieron desde muy temprano para trasladarse al kilómetro 5 de la carretera Mollendo-Mejía, que fue bloqueada el último martes. Ellos tendrían previsto radicalizar la medida de fuerza. 

En tanto, los miembros de la policía resguardan diversas zonas arequipeñas para prevenir desmanes como los acontecidos en las últimas semanas.

El organismo estatal define así la concreción de la edificación de la planta a Southern Peru Copper Corporation, dedicada a la extracción de cobre, luego de que el gobernador del departamento, Elmer Cáceres, interpusiera un recurso de revisión de licencia que frenó las obras el pasado 10 de agosto.

El funcionario había denunciado ante el Consejo de Minería que el millonario emprendimiento podría contaminar sus tierras, ante la presencia de un "ecosistema frágil". 

Por otro lado, el presidente Perú, Martín Vizcarra, había anunciado previamente que respetará el veredicto del organismo estatal. 

El pasado lunes se registraron disturbios entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en el municipio de Islay, sitio donde la compañía minera comenzaría con la explotación en caso de conseguir la autorización estatal. 

Desde la empresa persisten en su decisión de erigir la instalación —valuada en 1.400 millones de dólares—, alegando los beneficios que representa para la población, como la generación de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento económico de la región.
 


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