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La denuncia constitucional es por los presuntos delitos de rebelión, y alternativamente conspiración.
La fiscal de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, a través de un escrito enviado a la mesa de partes del Congreso.
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La denuncia constitucional es por los presuntos delitos de rebelión, y alternativamente conspiración. Esta acusación alcanza a los exprimeros ministros Betssy Chávez y Roberto Sánchez, además al exministro del Interior, Willy Huerta, por su presunta participación en este hecho.
Según el documento, a Castillo se le denuncia "como presunto coautor" del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión.
��#LOÚLTIMO | Subcomisión de Acusaciones Constitucionales da cuenta que Fiscalía ingresó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por rebelión, conspiración y grave perturbación de la tranquilidad. Alcanza a Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. pic.twitter.com/Z4CdAkC4Ct
— Vigilante (@VigilantePer) December 12, 2022
Así como presunto autor del delito contra la administración pública - abuso de autoridad y contra delito grave de perturbación de la tranquilidad pública. Se trata de quebrantamientos a la ley sancionados en los artículos 346 y 349 del Código Penal.
Respecto a los exfuncionarios Chávez, Sánchez y Huerta, a los tres se les interpone la denuncia constitucional como presuntos coautores de rebelión y conspiración.
Igualmente, la denuncia alcanza a Roberto Helbert Sánchez Palomino, exministro de Comercio Exterior y Turismo, como presunto coautor del referido delito tipificado en agravio del Estado.
Tras haberse ingresado este documento, el mismo se dio cuenta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que sesiona esta mañana.
La fiscal de la Nación presentó el documento luego de que la madrugada de este lunes, el Pleno del Congreso aprobara la resolución que autoriza levantar el fuero al expresidente Castillo para evitar que tenga que pasar por un antejuicio político, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.
