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La medida busca evitar el enfrentamiento en la región de Tacna entre la comunidad campesina y los trabajadores de la mina Cuajone.
El Gobierno de Perú anunció el miércoles la declaración del estado de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto, ante un conflicto entre una minera y una comunidad campesina que lleva más de dos meses.
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La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, indicó que la medida aprobada por el Consejo de Ministro busca evitar el enfrentamiento violento en la región de Tacna por el corte de suministro de agua de la comunidad campesina a la mina Cuajone.
Betssy Chávez explicó que la comunidad del entorno de la mina de Cuajone exige a la transnacional Southern Peru, que la opera, cinco mil millones de dólares y el cinco por ciento de las utilidades que genere.
El Gobierno declara el estado de emergencia ante otra situación que no logra resolver: esta vez en la provincia Mariscal Nieto, donde comuneros denuncian la contaminación de tres ríos y cuencas por operaciones de mina Cuajone-Southern Perú https://t.co/IPbRWRgBnP
— Jacqueline Fowks (@jfowks) April 20, 2022
La ministra calificó de desmedidas las exigencias de la comunidad de 470 habitantes, a cambio de permitir el paso del agua para consumo de trabajadores mineros y sus familias y en los trabajos de explotación de cobre.
Chavéz señaló que la semana pasada participó en diálogos con los campesinos y representantes mineros donde no se logró un acuerdo y los cinco mil trabajadores de la mina anunciaron que se enfrentarán a los comuneros, lo que es muy peligroso, añadió la ministra.
Por su parte el primer ministro Anibal Torres, refirió que los comuneros aceptaron que la minera Southern Peru retire las denuncias contra dirigentes de la protesta a cambio de que se normalice el paso del agua y desbloquear la vía férrea usada para sacar el mineral, pero no lo firmaron.
�� En vivo | Sigue desde aquí la conferencia de prensa que brinda el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, acompañado de ministros de Estado, para informar las decisiones adoptadas en sesión del Consejo de Ministros.https://t.co/qgM4V2QCnG
— Consejo de Ministros (@pcmperu) April 20, 2022
La comunidad campesina acusa a la mina de usurpar sus terrenos desde hace más de 50 años y pide una indemnización por los supuestos daños generados en una quebrada que es usada como depósito de desechos de la mina.
Entretanto, se mantiene otro conflicto en la región surandina de Apurímac, tras no lograrse un acuerdo entre el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, y la comunidad de Fuerabamba.
El ministro Palacios destacó la voluntad política del Ejecutivo por encontrar, a través del diálogo, una solución que permita establecer un clima de paz social en esa área de influencia directa de la minera, en beneficio del desarrollo de la región #Apurímac. pic.twitter.com/c7HsrK2Ufh
— Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) April 20, 2022
La comunidad ocupó tierras que cedió hace más de una década a la transnacional MMG para la extracción de cobre, a cambio de diversas compensaciones y exige que la empresa cumpla los más de 100 puntos del acuerdo pendientes, mientras MMG sostiene que quedan por concretar solo 40.
