Los tres exfuncionarios del expresidente Castillo están sindicados por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario intentó disolver el Parlamento.
El pleno del Congreso peruano aprobó el miércoles laacusación constitucional en contra de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y los exministros de Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
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La acusación contra Betssy Chávez fue respaldada con 66 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones. Asimismo, fue suspendida de sus funciones como congresista con 66 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.
Con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones, se aprobó acusar constitucionalmente al exministro de Interior Willy Huerta.
#PlenoDelCongreso aprobó, con 66 votos a favor, el artículo 1 del Proyecto de Resolución Legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Betssy Chávez en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros.
— Congreso del Perú ���� (@congresoperu) March 23, 2023
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En lo que respecta a Sánchez, la acusación fue aprobada con 50 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones. No obstante, el extitular de Comercio Exterior y Turismo de Perú podrá continuar en sus funciones como congresista mientras duren las investigaciones en su contra.
Con 57 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el Proyecto de RL que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Willy Huertas en su condición de exministro del Interior.
— Congreso del Perú ���� (@congresoperu) March 23, 2023
��El expediente con la acusación constitucional será enviado al Fiscal de la Nación. pic.twitter.com/JDQDjOT3Xw
Los tres exfuncionarios del expresidente Pedro Castillo están sindicados por los hechos sucedidos el 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario intentó disolver el Parlamento.
Tras aprobarse las acusaciones constitucionales, el expediente será enviado a la Fiscalía General de Perú, que es el ente encargado de formular la respectiva denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en un plazo de cinco días.