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Una delegación del Parlasur ofreció un balance de la visita que realizó a Bolivia a fines de noviembre pasado.

Una delegación del Parlasur ofreció un balance de la visita que realizó a Bolivia a fines de noviembre pasado. | Foto: @PARLASUR

Publicado 23 diciembre 2019



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La diputada Merchán pidió que organismos internacionales participen como observadores en el próximo proceso electoral a realizarse en el país suramericano.

Una delegación del Parlamento del Mercosur (Parlasur) constató en Bolivia el asesinato de 32 personas y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Gobierno de facto instalado tras el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Evo Morales, el pasado 10 de noviembre.

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En una sesión del Parlasur, con sede en Montevideo, Uruguay, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del organismo regional, Cecilia Merchán, divulgó el informe de las actividades realizadas por la comisión durante su estancia en Bolivia los días 27 y 28 de noviembre pasado.

"La delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos concretó una nutrida agenda durante los días 27 y 28 de noviembre de 2019 en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia luego de los sucesos que se constituyeron como un golpe cívico-militar y de acuerdo al mandato aprobado en la Declaración 64/2019 por el pleno del Parlamento del MERCOSUR”, detalló la diputada.

Detalló que sostuvieron reuniones con todos los bloques políticos, con organizaciones defensoras de los derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo, que fue la que recibió la mayor cantidad de denuncias, y mantuvieron contacto directo con los testimonios de las víctimas.

“Hemos constatado el asesinato de 32 personas con armas de calibre grueso, más de 800 personas heridas, entre ellas una niña. Han habido detenciones arbitrarias, así como quema de casas, torturas y vejaciones públicas", indicó Merchán.

Señaló que el poder Judicial no garantizó “ni garantiza los más elementales derechos a la vida y a la integridad física en Bolivia en estos momentos, sigue habiendo de las más de mil personas detenidas, 54 personas que no tienen defensa ni el debido proceso”.

Merchán apuntó que “debemos exigir una ley de garantías constitucionales para que todos y todas las personas puedan participar en el proceso de reestructuración, de reinicio de una vida democrática”.

Asimismo, solicitó que exista la presencia de organismos internacionales que puedan velar por el correcto desarrollo del próximo proceso electoral en Bolivia.


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