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Debido a los despidos y suspensiones tanto en el sector público como en el privado, cada vez más guatemaltecos dependen de la economía informal y de las remesas.

Debido a los despidos y suspensiones tanto en el sector público como en el privado, cada vez más guatemaltecos dependen de la economía informal y de las remesas. | Foto: EFE

Publicado 16 abril 2020



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El recurso se impulsó para que se atiendan los derechos de los ciudadanos en situación de despido temporal por parte de sus empleadores.

El diputado de la bancada Winaq en el Parlamento guatemalteco, Aldo Dávila, el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos y un grupo de abogadas mayas, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para la protección de los trabajadores.

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El recurso está basado en el artículo 12 del Código de Trabajo que protege al trabajador de cualquier tipo de normas o disposiciones contrarias a las garantías que le asisten, refrendadas en la Constitución.

“El amparo es para proteger a los trabajadores y trabajadoras de Guatemala, porque vemos cómo están siendo violentados sus derechos salariales y laborales (…) lo que se pretende es blindar a los trabajadores y brindarlos en esta crisis”, explicó Dávila.

El parlamentario señaló, además, que las organizaciones promoventes del recurso de amparo han recibido denuncias sobre despidos injustificados y abusos en el pago de salarios.

El tema laboral en medio de la crisis desnuda un problema histórico que afecta al trabajador y lo condena a la pobreza y al subdesarrollo, en opinión de los partícipes del amparo ante la Corte de Constitucionalidad.

Este acto jurídico se realizó días después de que el Gobierno de Guatemala, mediante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, legalizara el despido colectivo de trabajadores del sector privado, a través de la instauración de un procedimiento para tal fin.

Este procedimiento, contenido en el acuerdo ministerial 140 de 2020, prevé que los patronos tienen acceso a realizar acciones de despido individual o colectivo, por motivo de la Covid-19, a través de un mecanismo online habilitado por el ministerio.


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