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Los manifestantes señalan que los fiscales de la Comisión de Postulación han sido cooptados.

Los manifestantes señalan que los fiscales de la Comisión de Postulación han sido cooptados. | Foto: @rolandatelesur

Publicado 8 abril 2022



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El aumento de la corrupción se manifiesta en las anomalías del proceso de elección del Fiscal General.

Movimientos sociales y campesinos se movilizaron este viernes en Ciudad de Guatemala y finalizan el tercer día de protestas para exigir el cese de la corrupción y repudiar la posible reelección de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público.

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A partir del deterioro del sistema judicial en el país debido, entre otras cuestiones, al aumento vertiginoso de los casos de corrupción en el Ministerio Público, las organizaciones denuncian al presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general Consuelo Porras como los culpables de la situación actual de la justicia.

En este sentido, movimientos indígenas como el del pueblo maya chortí, durante una manifestación frente al Palacio de Justicia, señalaron que la Fiscalía General criminaliza a los líderes que defienden los derechos de las comunidades.

Asimismo, el cese de la persecución a los fiscales constituye una de las demandas de los manifestantes. El fiscal del Ministerio Público, Mario David Aguilar Mijangos, afirmó al respecto que “los comisionados de la Comisión de Postulación han sido cooptados”.

Agregó que “han sido ellos quienes han manifestado que no van a tomar en cuenta las tachas, lo que ha reactivado el clamor popular”. Esto exacerba las denuncias referentes a las anomalías en el proceso de elección del Fiscal General.

El dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual Hernández, expresó que los poderosos “quieren instalar otro fiscal para proteger a los corruptos (…) El peligro es ese. El riesgo está en los derechos humanos y en general la justicia”.

La Comisión de Postulación entregará el próximo 20 de abril la relación de los seis aspirantes al cargo de Fiscal General al presidente Giammattei, quien decidirá el próximo titular del Ministerio Público.


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