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Brasileños continúan exigiendo una repartición justa de las riquezas e inclusión social frente a la exclusión.

Brasileños continúan exigiendo una repartición justa de las riquezas e inclusión social frente a la exclusión. | Foto: O Dia Mais

Publicado 3 agosto 2018

Las políticas de actual Gobierno de Brasil cada vez son más restrictivas y la población vulnerable paga las consecuencias, alertó la ONU.

Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el área de derechos humanos pidieron a la Administración del presidente de facto de Brasil, Michel Temer, revisar su programa de austeridad ya que continúa en incremento la motilidad infantil.

La tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en Brasil en el año 2016,  un retroceso alarmante ya que esta se mantenía controlada desde 1990.

Para 2016 Brasil registraba un saldo de 14 muertes infantiles por cada mil nacimientos, un aumento próximo al cinco por ciento en comparación con el año anterior, que la cifra era de 13,3 por ciento.

Ante esta realidad la ONU resaltó en un comunicado que "las personas que viven en la pobreza y otros grupos marginados sufren de manera desproporcionada el resultado de medidas económicas restrictivas en un país que es considerado un ejemplo de políticas progresivas para reducir la pobreza y promover la inclusión social".

A esta realidad se une la reaparición del hambre en Brasil, país que había salido del mapa de la ONU por este tipo de carencias en el año 2014, gracias a los esfuerzos de los Gobiernos de los expresidentes brasileños, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

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Por su parte, el Ministerio de Salud informó que la mortalidad infantil llevaba 26 años de baja sostenida y de pronto aumentó.

El ente estatal detalló que las causas de este retroceso en el que pierden la vida infantes se debe a la aparición del virus zika y la crisis económica que vivió el país.

La ONU aseveró que "este aumento es motivo de gran preocupación, especialmente por las restricciones presupuestarias en el sistema de salud pública y en otras políticas sociales, que ponen en duda el compromiso del Estado de garantizar los derechos humanos para todos, especialmente los niños y las mujeres".

Aseguraron que las decisiones fiscales y financieras que se han tomado en el país durante los últimos años han afectado el disfrute de derechos que el Estado debe velar por preservar como lo son, "la vivienda, el agua, la educación, la seguridad y la salud".

Los expertos detallaron que las condiciones actuales siguen empeorando las desigualdades existentes. 

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