Embajadores de Centroamérica y miembros del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (Grulac), denunciaron ante la Presidencia y la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el secuestro -por más de un mes- de más de 400 trabajadores del transporte de carga internacional.
"El tema que han venido a exponer (los miembros de la Grulac) es importantísimo para los nicaragüenses, como es el caso de la situación de los derechos humanos y la situación humanitaria de más de 400 hermanos centroamericanos que son transportistas, y están retenidos desde hace más de un mes en la zona de Jinotepe (ciudad al sur del país)", dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras.
>> Comprueban que EE.UU. financia violencia en Nicaragua
El legislador indicó que entre los afectados hay transportistas de "Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, incluido de Nicaragua", asegurando que a estas alturas ya se les agotaron los recursos económicos, médicos o alimenticios, con los que cuentan para sus viajes.
"Es una situación dramática", dijo Porras, al denunciar que "han estado permanentemente sometidos a un hostigamiento, a amenazas que se les quemarán sus unidades y mercadería. Han pinchado las llantas de los camiones, han cortado los cables de los sistemas hidráulicos".
>> Comité europeo denuncia intento de golpe de Estado en Nicaragua
Asimismo, indicó que tanto el Gobierno, como la Asamblea, y diferentes organismos de derechos humanos, han denunciado la situación en diversas instancias.
"No vamos a parar de solicitar que se pronuncien las diferentes instancias de derechos humanos, instancias internacionales, a la CIDH, a los propios participantes en el Diálogo y particularmente a los mediadores en el diálogo, como es la Conferencia Episcopal", afirmó Gustavo Porras.
El conflicto
Cientos de vehículos de diversos países quedaron atrapados desde abril en distintas zonas del territorio nacional, debido al cierre de las vías en el marco de los actos violentos de algunos grupos vinculados a la oposición, lo que ha provocado pérdidas económicas para dichas naciones.
El Gobierno de Nicaragua exige la remoción de los bloqueos, mientras la derecha detrás de las acciones insiste en mantenerlos, argumentando que los tranques "son claves para defender sus demandas políticas y presionar al Ejecutivo".