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La JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes.

La JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes. | Foto: Prensa Latina

Publicado 10 diciembre 2021



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Se trata de 21 uniformados, entre ellos un general retirado, quienes reconocieron su responsabilidad en los hechos.

Un total de 21 militares y un civil que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia por actos de crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en el asesinato de hasta 247 jóvenes civiles inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate, en el caso conocido como falsos positivos.

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En conferencia de prensa este viernes, la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, dijo al respecto que tras conocerse la imputación, 22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes imputados por la Jurisdicción.

La JEP es una instancia de justicia transicional creada por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la nación suramericana y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Entre los 22 imputados que reconocieron sus responsabilidades en los dos autos emitidos hasta ahora por el Caso 03, el de falsos positivos, se incluye el general retirado Paulino Coronado, el militar de mayor rango que reconoció su responsabilidad.

Coronado, antiguo comandante de la Brigada 30, presentó lo que llamó sus sentimientos de perdón por lo que denominó el gran dolor causado por los execrables actos cometidos, conllevando al deceso de seres inocentes que se presentaron como combatientes, según la JEP.

El primer auto sobre falsos positivos en el Catatumbo (departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela), emitido el pasado 6 de julio, imputaba en aquel momento a diez militares y un civil por su participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión.

En el segundo auto, en el cual se imputaba a dos coroneles y 13 militares de otros rangos del batallón La Popa, el cual tiene sede en Valledupar (noreste), por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano, ninguno de los dos altos mandos aceptaron los cargos.

Tras este paso, la Jurisdicción enviará la aceptación de responsabilidad de estas 22 personas a las víctimas y al Ministerio Público para que emitan sus observaciones y se inicien nuevas audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Con posterioridad, la JEP emitirá las primeras sentencias, que son reparativas con las víctimas y no necesariamente implican una restricción de la libertad en prisión.

El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, destacó el alto porcentaje de aceptación de los cargos, ya que en estos dos autos del caso de falsos positivos han aceptado responsabilidad el 84 por ciento de los señalados.

La JEP encontró en los dos autos del caso 03 "patrones de macrocriminalidad" en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares.

Todo se hacía para atraer a civiles inocentes, en su mayoría jóvenes campesinos, y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros, con lo cual inflaban las cifras de "muertes en combate" y  obtenían recompensas e incentivos de sus superiores.


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