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La defensa de Robles presentará un recurso de revocación en contra del citatorio a fin de aplazarlo.

La defensa de Robles presentará un recurso de revocación en contra del citatorio a fin de aplazarlo. | Foto: El Informador

Publicado 30 julio 2019



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La Fiscalía mexicana solicitó ante un juez de control federal de la Ciudad de México (capital), la comparecencia de Rosario Robles por afectación al patrimonio federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México acusó a la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, por el presunto desvío de recursos durante el mandato de Enrique Peña Nieto, citada a declarar por ejercicio indebido del servicio público, como parte de un caso conocido como “La estafa maestra”.

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El pasado 25 de julio, la FGR solicitó ante un juez de control federal de la Ciudad de México (capital), la comparecencia de Robles el próximo 8 de agosto por afectación al patrimonio federal, delito que podría valerle una pena de hasta diez años de cárcel.

De acuerdo con la investigación, Robles es una de las principales implicadas en el caso, en el cual 11 dependencias del Gobierno firmaron convenios con ocho universidades públicas, las cuales subcontrataron a 128 empleados fantasmas y desapareciendo 3.433 millones de pesos (alrededor de 192 millones de dólares).

En una carta enviada al programa radiofónico del periodista Ciro Gómez Leyva, Robles confirmó la citación y reclamó que no fue informada de los hechos que se le imputan, a su juicio, lo que constituye una “flagrante violación" a sus derechos y al curso establecido para el proceso.

La exfuncionaria presentó una demanda de amparo, mientras que su abogado defensor, Julio Hernández Barros, aseguró que durante las próximas horas entregarán un recurso de revocación en contra del citatorio a fin de aplazarla y conseguir acceso a su expediente.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su respaldo total a la FGR en el caso de Robles y que colaborará aportando toda la información necesaria para el proceso judicial.

La FGR anunció en mayo pasado que la investigación del caso de “La estafa maestra” se estructuraría como delitos de Estado y delincuencia organizada.

El órgano indicó que 64 funcionarios estaban bajo investigación, mientras que seis de ellos fueron vinculados a procesos por cuatro expedientes concernientes a delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.


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