En clave: Ley de Seguridad Interior mexicana

Organizaciones y movimientos sociales mexicanos marcharán este miércoles en rechazo a la Ley de Seguridad Interior aprobada por el congreso mexicano en noviembre pasado.

La nueva movilización está enmarcada en la “Jornada Nacional de Lucha”; la marcha en la capital mexicana saldrá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.

La Ley de Seguridad Interior

La Ley de Seguridad Interior fue  aprobada el 30 de noviembre en la Cámara de Diputados  y publicada el 21 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (Gaceta).

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En resumen la ley amplía la participación de los militares en protestas sociales y la recopilación de inteligencia, y contempla su participación en la investigación de delitos dentro del sistema de justicia penal acusatorio.

Según la ley el presidente de México podrá ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.

Artículos polémicos

Movimientos y grupos sociales de defensa de derechos humanos se han contra la ley advirtiendo que está abre la puerta a la militarización del país, y potenciales violaciones de garantías de los ciudadanos.

Artículo 7:   “Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

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Artículo 11: "El presidente podrá ordenar por sí o a petición de la legislatura de las entidades federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de Seguridad Interior”.

Este artículo ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos del foro "Seguridad sin guerra" debido que a su juicio significa una “intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto”.

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Artículo 15: se señala que al emitirse la declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, deberá fijarse el plazo de la intervención de las fuerzas armadas, “la cual no podrá exceder de un año”. 

Artículo 20: detalla que en caso de presentarse las Acciones de Seguridad el mandatario nombrará a un comandante de las Fuerzas Armadas para coordinar el despliegue operativo como el orden para colaboración de los funcionarios locales.

Impugnaciones a la Ley 

Tras ser promulgada por el presidente Peña Nieto y enviada a la Suprema Corte para su revisión, la Ley de Seguridad Interior ha recibido nueve acciones para impugnarla.

El pasado 24 de enero la Suprema Corte de México notificó el recibimiento de dos acciones de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro.

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Asimismo, se recibieron dos controversias constitucionales, que se suman a cinco presentadas en semanas anteriores, las cuales fueron presentadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el municipio de Parral, Chihuahua.

La introducción de alegaciones contra la nueva ley es una muestra del rechazo y preocupación frente a lo determinado en el nuevo ordenamiento.

Rechazo a la ley

Órganos de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad  han exhortado al Congreso y al presidente Peña Nieto a rechazar la Ley de Seguridad Interior.

La principal preocupación de quienes se oponen a la ley radica en el marco legal da pie a la militarización y criminalización de las protesta y legalizaría lo que las fuerzas armadas han estado haciendo durante una década a través de la llamada lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado impulsada en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),continuará recibiendo controversias y acciones de inconstitucionalidad hasta el 6 de febrero. Aún no se ha fijado una fecha para que los 11 ministros de la corte resuelvan el caso y decidan si la ley viola la Constitución mexicana.

Analista han señalado que la Ley de Seguridad Interior no convertirá a México en un país más seguro y menos violento y  tampoco pondrá fin a la crisis de impunidad y corrupción que prevalece en el país, donde 9 de cada 10 delitos no se denuncian y al menos 14 gobernadores actuales o anteriores están siendo investigados por corrupción.

Defensores de DD.HH. indicaron que la ley limitará aún más las libertades y los derechos de los mexicanos, exponiéndolos aún más a los abusos militares, incluso al uso de la fuerza letal, particularmente a aquellos que viven en áreas con alta presencia de crimen organizado.