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El actual Gobierno mexicano creó una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa para realizar una nueva investigación.

El actual Gobierno mexicano creó una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa para realizar una nueva investigación. | Foto: EFE

Publicado 26 septiembre 2019





El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a acelerar las investigaciones del caso para hallar a los responsables y llevarlos a la justicia.

La búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en la localidad de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, continúa tras cinco años desde su desaparición en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

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Los padres y familiares de los jóvenes han salido a las calles en varias oportunidades para exigir verdad y justicia por el hecho, luego que se denunciaran irregularidades en la investigación realizada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según la versión de esa Administración, los jóvenes fueron detenidos por agentes de policías locales y posteriormente entregados a grupos del crimen organizado, quienes los habría asesinado e incinerado en el basurero de Cocula.

Sin embargo, una indagación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que los cuerpos de los estudiantes no pudieron ser incinerados allí ni las pruebas presentadas sostenían tal versión.

Por su parte, el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión especial que investigaría nuevamente las circunstancias del hecho para hayar a los responsables y llevarlos a la justicia.

Avances de la investigación

Tras seis meses de investigación, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, designada por las autoridades, presentó en agosto pasado nuevos avances en el caso Ayotzinapa.

Esta comisión fue conformada por el senador Alejandro Encinas; el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; así como familiares de los desaparecidos y sus representantes legales.

“Fuimos depurando la información para tener claramente la red de cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche”, dijo Encinas en su momento. 

Los funcionarios analizaron más de 84 millones de llamadas telefónicas que fueron realizadas durante los primeros días luego de lo sucedido, mientras que se demostró que se implementaron métodos de tortura para obtener testimonios de presuntos implicados.

Últimos datos del proceso

El presidente López Obrador se ha comprometido a acelerar las investigaciones del caso, pese a afirmar que los datos que han obtenido hasta el momento son insuficientes; además, mantendrá reuniones bimestrales con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

Por otro lado, recientemente fueron liberados expolicías municipales presuntamente involucrados en el hecho, así como del principal sospechoso, Gildardo López Astudillo, relacionado aparentemente con un cártel del crimen organizado, por falta de pruebas. 

“Las liberaciones de hoy son resultado de una mala actuación de ayer de los fiscales”, manifestó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y asesor de las familias, Santiago Aguirre.

Asimismo, las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles una nueva búsqueda de los jóvenes en un vertedero de basura en Tepecoacuilco, cerca de la población de Iguala, donde ocurrió la desaparición, como parte de la investigación que ejecuta la Comisión para la Verdad.

Los padres y familiares de los 43 normalistas han expresado la esperanza que sienten de obtener, finalmente, justicia por lo sucedido con la nueva Administración mexicana, luego de no ser escuchados ni recibir respuestas concretas en el Gobierno anterior.
 


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