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El Gobierno de Macri atenta contra el derecho a las pensiones de los discapacitados

El Gobierno de Macri atenta contra el derecho a las pensiones de los discapacitados | Foto: Página 12

Publicado 13 febrero 2018



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La medida tomada por el Gobierno de Macri afectará a no menos de 20 mil personas que ya contaban con el beneficio social.

El Gobierno de Mauricio Macri ordenó el retiro de las pensiones a los menores de edad y personas con discapacidad.

La  Agencia Nacional de Discapacidad argumento que la medida a menores y personas con movilidad reducida se debe a que  “no tienen incapacidad laboral”. La medida afectará a alrededor de 20 mil individuos.

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El ajuste se ejecutó el pasado  25 de enero de este año, a través de un escrito en el que los directivos comunicaron a sus trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito.

Se conoció que agregarán mayores requisitos a las pensiones para adultos con cáncer, síndrome de Down, cáncer, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras.

La medida somete a revisión ha al menos 20 mil pensiones, que ya habían sido aprobadas e iban a ser otorgadas en estos meses. Estas volverán a ser revisadas bajo los nuevos criterios.

De acuerdo al portal Nuestras Voces, desde la Agencia admitieron que esos expedientes  “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos “no tienen incapacidad laboral”.

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Según lo revelado por Nuestras Voces entre los nuevos requerimientos para las personas con alguna discapacidad, estas deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista.

En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la revisión médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren que están en riesgo de muerte.

La nueva medida fue ordenada por el Gobierno 11 meses después de que el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina intentara privar a 170 mil personas de estas prestaciones.

 

En aquella oportunidad  la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.


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