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La medida también afecta a 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato.

La medida también afecta a 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato. | Foto: Reuters

Publicado 8 noviembre 2019



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La Constitución Federal de 1988 establece que nadie debe estar preso hasta que no se agoten los recursos de apelación, salvo en los casos que impliquen peligro para la sociedad.

El expresidente de Brasil y líder latinoamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, quedó en libertad este 8 noviembre tras ser declarada la inconstitucionalidad de la prisión de una persona en segunda instancia por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF). Sin embargo, su libertad aún no es definitiva. 

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A partir de ahora, los abogados de Lula deberán agotar todos los recursos judiciales mientras se confirma o descarta su condena por supuesta corrupción. 

Asimismo, la medida del Tribunal Supremo también afecta a 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Esta salida de prisión no será inmediata y la Justicia analizará caso por caso después de que los abogados de cada preso pida la correspondiente revisión. 

Estatus del caso de Lula

El expresidente (2003-2010), de 74 años, cumplía en la sede de la Policía Federal de Curitiba una pena de ocho años y diez meses de prisión por supuesto lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento en el balneario paulista de Guarujá que habría recibido a cambio de favores políticos a la constructora OAS. Este proceso se dio en el marco de la operación Lava Jato.

Lula fue condenado también a 12 años y 11 meses de cárcel por supuesta corrupción y lavado de dinero en la reforma de una casa en Atibaia, Sao Paulo, pero la condena no está confirmada en segunda instancia, al tiempo que tiene por lo menos otros seis procesos abiertos ante la Justicia.

Actualmente la Constitución de Brasil prevé la inocencia hasta que se termine el juicio, sin embargo, el año pasado la Suprema Corte cambió su lectura sobre la ley y se autorizó el encarcelamiento de personas condenadas en segunda instancia, como el caso de Lula y otros casi 5.000 presos.

La ley sigue siendo la misma, lo que cambió fue la compresión de los artículos de la Constitución y esto dio paso a la liberación del exmandatario este 8 de noviembre. 

Por ahora, Lula queda en libertad pero no tendrá sus derechos políticos, por lo tanto no podrá participar como candidato en elecciones. 

¿Qué viene ahora?

El siguiente paso de la defensa del exmandatario brasileño es continuar con las apelaciones, entre ellas un habeas corpus contra el exjuez del Lava Jato, Sergio Moro, por haber tenido un comportamiento parcial y ajeno al Estado de Derecho durante el caso de Lula. Este recurso fue rechazado el pasado 26 de junio por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil.

Si el Supremo Tribunal Federal acepta el habeas corpus contra Moro, el líder brasileño sería declarado inocente y recuperaría sus derechos políticos.

La denuncia contra Moro surgió tras una investigación publicada por el portal The Intercepted, con mensajes intercambiados entre el exjuez y los fiscales del caso Lava Jato en la época del juicio a través de la red de mensajería Telegram. 

En los mensajes queda en evidencia que Moro dirigió las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público, lo que está expresamente prohibido por la ley.

Además, los abogados de Lula señalaron que la parcialidad de Moro quedó demostrada el año pasado, con el nombramiento del exjuez como ministro en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien era el principal contendiente opositor en las elecciones presidenciales, en las cuales la candidatura de Lula fue prohibida por el proceso judicial en su contra.


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