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De acuerdo con el informe de la JEP, las motivaciones responsables de los crímenes se avalaban en reconocimientos.
Once miembros del Ejército Nacional y de la fuerza pública de Colombia fueron imputados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por las ejecuciones de civiles conocidas como falsos positivos, en el marco de la investigación de 6.402 casos relacionados con esta práctica.
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“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil por 'falsos positivos' en el Catatumbo”, indicó la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Caso 03 en una rueda de prensa.
La imputación civil por los falsos positivos en Catatumbo es para diez miembros del Ejército divididos en un general, seis oficiales y tres suboficiales, además de un civil.
"Los imputados son el brigadier general Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro Gómez, el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, y el mayor Juan Carlos Chaparro": magistrada Catalina Díaz.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021
Responden a los nombres de brigadier Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro Gómez, los tenientes coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado y el mayor Juan Carlos Chaparro, según indicó la magistrada.
"Por haber contribuido en la ejecución de conductas de particular gravedad, la JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca): el capitán Daladier Rivera y al sargento segundo Rafael A. Urbano”, continuó Catalina Díaz.
Este es el primero de por lo menos seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas que la JEP emitirá dentro del caso 03 en la primera fase de la investigación.
"Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada": magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 de la JEP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021
De igual forma, la JEP enfatizó en que continuaría investigando la eventual participación de niveles superiores “por acción u omisión en el patrón macrocriminal determinado”.
Al menos 6.402 personas fueron ejecutadas, especialmente durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), a manos del Ejército para presentarlas como guerrilleros muertos en combate y recibir a cambio premios e incentivos.
