El juez federal Ernesto Kreplak ordenó al partido bonarense Propuesta Republicana (PRO), presidido por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y al Ministerio de Desarrollo Social y al Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a entregar en las próximas 72 horas toda la información solicitada en la investigación sobre aportes truchos de la campaña legislativa 2017.
La investigación tiene como fin de identificar a aquellos beneficiarios de planes sociales utilizados como aportantes de la campaña de Cambiemos y así continuar en la investigación por presunto lavado de dinero, falsificación de instrumento privado y robo de identidad.
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La gobernadora Vidal, involucrada en el escándalo, ha reiterado que no tiene nada que ocultar y que seguirá dando la cara.
Sin embargo, el PRO no se ha mostrado muy dispuesto a colaborar con la Justicia, pues todavía no ha entregado la información solicitada por el juez Kreplak a finales de julio.
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Las sospechas sobre estas organizaciones comenzaron el pasado 20 de julio cuando un grupo de 13 habitantes de barrios pobres de Bernal, municipio de Quilmes, denunciaron que aparecían como aportantes de entre 1.400 y 2.800 pesos a la campaña de Cambiemos.
Los denunciantes no son afiliados del PRO y explicaron que sus precarias condiciones de vidas nos les permitía hacer tales aportes.