Juristas de Uruguay se oponen a ley sobre prisión domiciliaria

Representantes del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay (Ciepur), denunciaron este martes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado la inconstitucionalidad de un proyecto de ley que promueve el partido de derecha Cabildo Abierto (CA), que bajo el pretexto de beneficiar a población penal de la tercera edad busca llevar a prisión domiciliaria a exrepresores detenidos por delitos de lesa humanidad.

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En un informe presentado por Ciepur ante dicha comisión, se asegura que dicho proyecto entraña una “extralimitación de competencias del Poder Legislativo frente al Poder Judicial”.

El texto agrega que “se arroga al Poder Legislativo una función exclusiva de la magistratura, como es la de impartir justicia, resolviendo los casos concretos”.

Ciepur recordó a través de su dictamen que el proyecto busca que el juez competente imponga de oficio y sin “más trámites ni procedimientos ulteriores la prisión domiciliaria de imputados y penados”.

Según sus expertos, ello significa quitar al juez la posibilidad de evaluar de manera particular cada caso, con lo cual se le impone la obligación de decretar la prisión domiciliaria y se altera radical la actuación del Poder del Estado encargado de ejercer la justicia.

Acotan que la prisión domiciliaria por razones humanitarias o de salud se ha de aplicar sin transgredir los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Por otra parte, advirtieron sobre el peligro de brindar el tratamiento de delitos comunes a “crímenes cometidos al amparo del aparato estatal, en aplicación de terrorismo de Estado, en medio de un quiebre institucional”.

A la iniciativa legislativa de CA también se opuso el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), cuyo representante, el abogado Martín Fernández, declaró que las leyes vigentes en el país prevén tratamientos para contemplar debidamente las situaciones de salud.

Recordó que las normativas internacionales son claras respecto a que personas acusadas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes complejos no pueden acceder a este tipo de beneficios, salvo casos específicos que lo ameriten.

También llamó la atención de que CA se interese en la situación de “determinado grupo que está en privación de libertad” y no en grupos tan vulnerables (y no abarcados en su ley) como las “mujeres por condena de tráfico que quedan privadas de libertad con sus hijos”.

En fecha reciente, el diputado Eduardo Lust (seguidor de CA), reconoció que el proyecto está diseñado para 20 exmilitares genocidas, porque Cabildo Abierto “tiene un importante flujo electoral militar”.

Trabajadores se movilizan

Ante la maniobra de CA, la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó a una marcha el próximo 9 de diciembre en Montevideo “por verdad, memoria y justicia”.

La movilización es apoyada por la central sindical uruguaya, Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (Pit-Cnt), la Asociación de expresos políticos Crysol, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Federación de Estudiantes Universitarios.

A juicio de Graciela Montes de Oca, familiar de una de las 197 víctimas desaparecidas, la derecha local pretende “un atentado hacia la democracia porque (el proyecto de ley) se plantea específicamente para aquellos que violaron derechos humanos, torturaron y asesinaron”.

La bancada de Frente Amplio en el Congreso ya adelantó que no acompañará el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto. En cambio, legisladores del Partido Nacional (al que pertenece el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou) han hecho declaraciones que dejan entrever su apoyo a la norma.