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Tanto Glas como su defensa alegan que no existen pruebas suficientes para comprobar delito alguno y denunciaron una persecución política en su contra.

Tanto Glas como su defensa alegan que no existen pruebas suficientes para comprobar delito alguno y denunciaron una persecución política en su contra. | Foto: EFE

Publicado 2 mayo 2018



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La acción judicial tiene como fin revertir la cesación de las funciones de Jorge Glas como vicepresidente.

La defensa de Jorge Glas presentó este miércoles una demanda constitucional en contra del Gobierno central que lo destituyó al cargo de vicepresidente.

El abogado Alejandro Vanegas ofreció detalles en una rueda de prensa y explicó que la acción judicial tiene como fin revertir la cesación de las funciones de Glas como vicepresidente, a la que calificó como "ilegítima, arbitraria e ilegal".

De acuerdo al jurista, la destitución no estuvo ajustada a derecho y se incumplió "gravemente la Constitución de ese país", porque el Gobierno le retiró sus funciones y lo encarceló sin pruebas. También se evidenciaron irregularidades en el proceso.

“Luego se define en forma arbitraria la vacancia del cargo en la que a Glas no se le permite su derecho a defensa ni a comparecer ante la Asamblea”, agregó Vanegas.

Según Vanegas, al no haber un control constitucional y al persistir una metodología cuestionable, la pena fue injusta y desproporcionada en el proceso de destitución.

El pasado 3 de enero, el presidente Lenín Moreno anunció que Glas había perdido su cargo por cumplir 90 días de ausencia. Un día después la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, entregó a la Asamblea los documentos para certificar la acción.

Tres días después se presentó la terna para elegir a un nuevo vicepresidente. El Legislativo con 70 votos a favor eligió a María Alejandra Vicuña.

Glas está condenado a seis años de prisión por una supuesta asociación ilícita y por beneficiarse de 13,5 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Tanto Glas como su defensa alegan que no existen pruebas suficientes para comprobar delito alguno y denunciaron una persecución política en su contra.


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