El primer ministro de Irak manifestó su determinación de renuncia tras las masivas manifestaciones que se han presentado contra su gestión en Bagdad, capital iraquí.
El primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, anunció este jueves su disposición a dimitir a su cargo siempre y cuando los dos principales partidos políticos de esa nación unifiquen criterios para no permitir un vacío de poder en el Gobierno, según anunció el presidente iraquí, Barham Salih, en un encuentro con los medios de comunicación.
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"Trabajaremos juntos para asegurar los intereses del pueblo iraquí y salvar a la nación de acuerdo con el bien público", aseveró al respecto, el dirigente político Hadi al-Amiri.
Por su parte, Muqtada al-Sadr y Hadi al-Amiri, dirigentes de las más importantes toldas políticas de Irak hicieron de conocimiento público que harán lo propio porque el actual primer ministro en ejercicio abandone su cargo, para calmar así la oleada de protestas que se han presentado en Bagdag, capital de esa nación, y la zona sur del territorio iraquí.
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— teleSUR TV (@teleSURtv) October 31, 2019
Según la información suministrada por la Alta Comisión de Derechos Humanos, unas 399 personas han sido arrestadas pic.twitter.com/xo108SVbsP
"Estoy optando por que te vayas con tu dignidad intacta, pero si te has negado, entonces llamo a Had al-Amiri para que te ayude a expulsarte como primer ministro de inmediato", advirtió el líder musulmán chiíta populista Muqtada al-Sadr.
Entretanto, el presidente Barham Salih destacó que una de las maneras más viables para celebrar elecciones en esa nación asiática es con el establecimiento de una nueva ley electoral que refresque el proceso político en la región.
#Stop_violence
— Dr. Ali Al Bayati (@aliakramalbayat) October 30, 2019
100 killed, 5500 injured , 399 arrested( 343 released), 98 buildings burned in #Iraqi_protest according to our teams in #IHCHR@aliakramalbayat
Irak tiene en promedio una semana de protestas, en exigencia de la renuncia del primer ministro iraquí y contra las denuncias de corrupción que se ciernen sobre su gestión, a la vez que claman por mejores condiciones de vida ante los irregulares o escasos servicios de atención médica, educación, agua potable y electricidad.