Mientras el juicio avanza en su etapa de instrucción fiscal, decenas de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos han denunciado violaciones al debido proceso.
La audiencia para la reformulación de cargos contra el informático sueco Ola Bini y el ecuatoriano Marco Arguello, estaba pautada para este jueves en horas del mediodía, en el Consejo Judicial del norte de Quito, en Ecuador.
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Sin embargo, minutos antes del inicio de la audiencia, esta fue postergada para las 14H00 (hora local) por la ausencia de un traductor experto, por lo que la defensa de los acusados solicitó la suspensión de la misma, reportó la corresponsal de teleSUR, Denisse Herrera.
Los letrados defensores de Bini y Arguello ampararon su solicitud en el hecho de que "la notificación no se realizó dentro de las 72 horas como establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP)", no obstante esto fue rechazado por la jueza, que finalmente decidió la apertura de la audiencia.
La Defensa de #OlaBini y #MarcoArguello presentaron dos escritos donde solicitaron que se suspenda la audiencia ya que la notificación no se ha realizado dentro de las 72 horas como establece el COIP, sin embargo la Jueza rechazó la solicitud @teleSURtv pic.twitter.com/gUXHdYIRbv
— Denisse Herrera (@denisseteleSUR) August 29, 2019
Posteriormente, la corresponsalía de TeleSUR en Ecuador presente en el recinto judicial, informó que persistían problemas con la traducción al idioma sueco, por lo que la magistrada solicitó que los abogados explicaran a su cliente en inglés, lo que fue denegado por la defensa que adujo que Bini "tiene el derecho de comprender el proceso".
Durante la audiencia #OlaBini expresa que no entiende a la traductora asignada por lo cual la Jueza solicita a su abogado explicarle en idioma inglés. Ante esto el abogado @calilo84 rechaza la solicitud y alega que su cliente tiene el derecho de comprender el proceso @teleSURtv pic.twitter.com/nG0ROblUNZ
— Denisse Herrera (@denisseteleSUR) August 29, 2019
Ola Bini fue detenido a inicios del mes de abril y liberado más de 70 días después pero sin la posibilidad de salir del país. Es acusado de presuntamente haber atacado sistemas informáticos del Estado ecuatoriano, sin embargo, su abogado Carlos Osorio mantiene que no hay pruebas que vinculen al informático a este supuesto delito, por lo que asegura que a falta de evidencia quieren reformular los cargos contra su defendido.
Mientras el juicio avanza en su etapa de instrucción fiscal, decenas de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos han denunciado violaciones al debido proceso.