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El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, no ha logrado darle respuesta a  todas las promesas de campaña que estimó cumpliría en los primeros 100 días de Gobierno.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, no ha logrado darle respuesta a todas las promesas de campaña que estimó cumpliría en los primeros 100 días de Gobierno. | Foto: EFE

Publicado 31 agosto 2021 (Hace 21 horas 50 minutos)



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Diferentes sectores sociales se oponen a sus reformas económicas y sociales y han salido a manifestarse.

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso llega a sus 100 días de Gobierno sin haber cumplido todas sus promesas iniciales y en medio de una ola de violencia en el país, en especial en Guayaquil, donde se han incrementado las muertes violentas.

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El exbanquero asumió la presidencia del país el 24 de mayo, tras vencer a Andrés Arauz en la segunda vuelta.

Recibió un país con una deuda que llega al 63 por ciento del Producto Interno Bruto, sin liquidez y con una reserva que solo representa el 20 por ciento del gasto mensual del Gobierno.

 

   
 

 

En su plan de Gobierno, Lasso propuso crear nuevos puestos de trabajo, subir el sueldo mínimo a 500 dólares al mes, acabar con el hambre de más de un millón de ecuatorianos, atraer inversión extranjera y combatir la corrupción.

Vacunación antiCovid-19

Durante el primer mes, Lasso desarrolló un plan de vacunación en la nación con casi 2.5 millones de inmunizados para el 27.5 por ciento de su objetivo que era vacunar a nueve millones de personas en 100 días.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública del país, hasta este lunes 30 de agosto, le quedan nueve días para cumplir la meta 9/100. Solo 8.018.924 personas tienen su esquema de vacunación completo, de un total de 18.003.827 dosis aplicadas.

Su predecesor, Lenín Moreno, llegó a aplicar dos millones de dosis de vacunas. Se prevé que lleguen a los nueve millones una semana después del plazo pactado en campaña, pues su plan se detuvo unos días para la distribución.

Ley de Comunicación

El mandatario también prometió una Ley de Comunicación, mediante la que pretendía defender la libertad de expresión, comunicación y prensa como derecho fundamental que no puede ser restringido. Esta fue primera de dos leyes del Ejecutivo que llegó a la Asamblea.

Su normativa deroga la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 en sus primeros 90 artículos. Por lo que elimina un artículo referente a la protección a los trabajadores de la comunicación, incorporada ante el asesinato de periodistas en el país. Además, se derogaron sus derechos laborales.

Pese a ser presentado durante su primera semana de gestión, todavía se encuentra en revisión en la Asamblea Nacional en medio de críticas y desacuerdos al interior del oficialismo y entre ellos y la oposición.

Recientemente, los asambleístas de Pachakutik y una coalición de medios comunitarios presentaron reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que no fue bien vista por el Gobierno, que defiende la presentada por Lasso.

Economía y Diálogo con sectores sociales

En cuanto a la Economía, el presidente ecuatoriano sacó a 1,7 millones de personas de deuda vencida en la Central de Riesgos, pero tiene pendiente enviar una reforma laboral y tributaria que aún no está en el radar político.

Lasso también prometió luchar contra la desnutrición crónica infantil. En este sentido, anunció el plan “Ecuador crece sin desnutrición infantil”, a partir del cual creó la alianza con la asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO), con el objetivo de distribuir 1 millón de vasos de leche a 12.520 niños y niñas de más de dos años que viven en 10 cantones más pobres del país.

El jefe de Estado de Ecuador también se comprometió a dialogar con los diferentes sectores sociales. Hasta el momento se ha reunido con los transportistas para tratar la focalización de subsidios de los combustibles y con los rectores de las universidades para socializar una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior.

Su objetivo con esta medida es eliminar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt), dar autonomía a las universidades y facilitar el ingreso de bachilleres a las universidades y escuelas politécnicas a partir de modificar su examen de ingreso. El proyecto ha generado un amplio debate en el país y todavía está en revisión en el Legislativo.

El Frente Unido de Trabajadores, el mayor gremio obrero del país le ha pedido que no privatice y que abandone reformas que vayan hacia la precarización laboral. También se le critican los acuerdos con instancias como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que condiciona préstamos a ajustes dañinos para los trabajadores.

Además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas demandan que elimine el decreto para la fijación del precio del combustible mediante sistemas de bandas que ha llevado a un elevado costo de gasolina con efectos en todos los sectores económicos.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo se mantiene con su política y no descarta la privatización ante la dificultad de poder acudir a préstamos multilaterales. Por eso, se han convocado a manifestaciones y protestas contra su Gobierno como la huelga de hambre de docentes.

Violencia y sistema carcelario

En el pasado mes de julio, el mandatario se vio en la obligación de declarar en estado de emergencia el sistema carcelario del país con medidas establecidas al respecto. Esto se debe a varios incidentes violentos registrados en centros penitenciarios del país como los de Guayaquil, Cuenca, Latacunga, Guayas y Cotopaxi.

Tras los amotinamientos en los penitenciarios más de 20 presos han muerto, otras 50  personas han resultada heridas, entre ellos, una policía que fue abusada sexualmente.


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