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El próximo domingo los guatemaltecos decidirán quien será el presidente del país en el periódo 2020- 2024, sin embargo, muchos pronostican que la abstención será la verdadera protagonista.
Entre escándalos de corrupción y narcotráfico, las elecciones guatemaltecas concluirán el próximo domingo, donde se escogerá al próximo presidente de este país del istmo centroamericano. También se realizarán simultáneamente las elecciones legislativas, municipales y las del Parlamento Centroamericano.
El 16 de junio pasado concluyó la primera vuelta de este proceso eleccionario que en más de una ocasión fue puesto en entredicho por acusaciones de fraude y marcada por un ambiente de turbulentas protestas. En él resultaron vencedores los candidatos Sandra Torres del partido Unión Nacional por la Esperanza y Alejandro Giammattei del partido Vamos quienes se verán las caras este domingo.
Guatemala amanece en medio de un paro nacional en 26 puntos estratégicos, en los 22 Deptos, impulsado por CODECA. Esta organización campesina exige en 1er lugar la anulación de las elecciones, argumenta que se cometió fraude electoral durante la primera vuelta. ��Poptun, Petén. pic.twitter.com/U42OWxVXaz
— Santiago Botón ���� (@SantiagoteleSUR) August 6, 2019
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que Torres encabezó el conteo con 1.095.463 votos, seguida por Giammattei con 594.306. Asimismo, contrario a la afirmación del actual presidente Jimmy Morales la asistencia a las urnas no fue masiva. El TSE reportó un 60,34 por ciento de participación en los comicios: casi tres millones y medio de los 8.150.221 guatemaltecos empadronados se abstuvieron de votar.
Quedaron fuera del juego dos de las candidatas más importantes. Thelma Aldana, la exfiscal de origen indígena que protagonizó la causa judicial que sacó a Otto Pérez Molina del gobierno de extrema derecha que presidía hace solo cuatro años ,y la otra es Zury Ríos, la hija del exdictador Efraín Ríos Montt.
Con un perfil socialdemócrata, Sandra Torres encabeza la lista para ganarse la presidencia de Guatemala, ha criticado posiciones de ultraderecha y a la dictadura guatemalteca. Impulsó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, creada en 2006 tras un acuerdo entre el Gobierno y Naciones Unidas) clave para la lucha contra la corrupción en este país, sin embargo ella se encuentra en la la mira de esta organización por haber recibido presuntamente dinero del narcotráfico y otras actividades ilegales para su campaña.
Este es el tercer intento en llegar a la presidencia de la exprimera dama —esposa de Álvaro Colom, presidente entre 2008 y 2012— quien se vio favorecida por la eliminación por vía judicial de las postulaciones de sus principales competidoras.
Por otra parte, Alejandro Giammattei es un hombre de extrema de derecha. Fue investigado por su papel en el asesinato extrajudicial de siete presos en la Granja Penal Pavón en 2006, cuando era director de cárceles. Ha sido candidato cuatro veces a la presidencia y para muchos representa un ala militarista de la política. También ha sido acusado por la CICIG por lo que muchos temen su desaparición ante cualquier resultado del próximo domingo.
La segunda vuelta sucederá en un contexto de poca credibilidad política, la población ha manifestado su poca fe en el sistema que ha demostrado abiertamente su poca funcionalidad y eficiencia.
Expertos lo describen como contradicciónes sistémicas que comienzan con el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (1991 y 1996) que pusieron fin a la guerra interna desatada en 1960 y que costó al país 250.000 de sus hijos entre muertos y desaparecidos.
La politóloga guatemalteca Simona Yagenova, miembro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), lo define como un modelo de imposición económico, político y sociocultural mafioso, de militares y oligarcas que saquean al Estado y se roban millones y millones del bien público.
El hecho es que que las mafias y las organizaciones criminales de control territorial han penetrado en el propio Estado desde donde organizan redes de contrabando, asi quedó expuesto a la ciudadanía en el 2015 en un caso conocido como La Línea .
Esto desató múltiples manifestaciones que desencadenaron una crisis política sin precente que ocasionaron la renuncia y fractura de la unión entre el entonces presidente Otto Pérez Molina (2012- 2015) y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Para Yagenova, consecuentemente se generó lo que ella llama un nuevo período político, "la ciudadanía sintió que fue partícipe y contribuyó a la renuncia del binomio presidencial, y a partir de eso se intensificó la lucha contra la impunidad, las actividades de la CICIG contra grupos mafiosos".
El proceso generó una despolitización ciudadana, lo que motivó la creación de nuevos partidos y asociaciones políticas, que "se plantean rescatar al Estado, reconstituir la institucionalidad política, y enfrentar a las mafias e impunidad de turno".
Sin embargo, con la acusación directa del Ministerio Público (MP) y la CICIG a Jimmy Morales por la financiación ilícita de la campaña presidencial de 2015, cuando era secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el grupo de militares de ultraderecha y oligárquicos que han estado rodeando la presidencia actual comenzó una campaña muy feroz en contra de la CICIG.
"Recuperaron poder sobre el Legislativo, el Ejecutivo, sobre los organismos judiciales, en un tipo de contraofensiva que ha sido muy significativa", señaló Yagenova.
La violencia también es un punto pendiente en el panorama político y social guatemalteco, en la primera vuelta de las elecciones de este año se reportó el asesinato de 10 candidatos. El director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Elvín Díaz, afirma que aunque han descendido las tasas de homicidio, la violencia sigue estando presente como un problema estructural.
“Los índices de conflictividad en ciertas localidades y sobre todo en las grandes aéreas urbanas siguen afectando al guatemalteco en su día a día”, señaló.
Asimismo, en el plano político se ha manifestado mucha violencia contra líderes a favor de los derechos humanos. “Los datos son terribles, alrededor de más de 40 activistas fueron asesinados el año pasado, sobre todo líderes de la defensa de los recursos naturales en sus territorios”, apuntó Díaz.
El próximo presidente de Guatemala tendrá que lidiar con un país deshecho, sin pies ni cabeza, donde el 59,3 por ciento de la población, lo que representa 9 millones de personas viven en la pobreza. Por todo el país 12.000 familias viven en asentamientos informales y el 1 por ciento de la población gana igual salario que el 42 por ciento.
Guatemala posee muchos recursos naturales, cuencas hidrógraficas, tierras fértiles y productivas que la convierten en la economía más grande de Centroamérica pero la más desigual.
Del total de la población 52 por ciento de la población es pobre lo que coloca a este país en el número 4 del ranking de países más desiguales de la región.
En relación con el tamaño de su economía, el Estado guatemalteco recauda el menor porcentaje de ingresos públicos del mundo, lo que no deja entrever una posible salida para los miles que dependen del servicio público.
El hecho es que continúa el teatro político en Guatemala, el juego de la democracia participativa en un país donde la mayoría de la población está excluida de ejercer su derecho.
