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Un total de 31 personas han fallecido desde el 20 de octubre durante la represión a las protestas, según la Defensoría del Pueblo.

Un total de 31 personas han fallecido desde el 20 de octubre durante la represión a las protestas, según la Defensoría del Pueblo. | Foto: ABI

Publicado 28 noviembre 2019



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El decreto fue aprobado el pasado 15 de noviembre en medio de la represión contra manifestantes que rechazaban el golpe de Estado.

El Gobierno de facto de Jeanine Áñez abrogó este jueves el Decreto Supremo 4078, que exime a las Fuerzas Armadas (FFAA) de responsabilidad penal en la represión contra las protestas en rechazo al golpe de Estado al mandatario legítimo Evo Morales.

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"Hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078, esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la compresión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación", dijo Áñez en conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz.

El decreto fue aprobado el pasado 15 de noviembre en medio de la represión contra manifestantes que rechazaban al Gobierno de facto y exigían el regreso de Evo Morales.

Una de las masacres que conmocionó al país ocurrió en en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, donde diez personas fallecieron por impactos de proyectiles de armas de fuego, cuya autoría es investigada por la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó que un total de 31 personas han fallecido desde el 20 de octubre, día de las elecciones presidenciales, de las cuales 28 ocurrieron tras el golpe de Estado del 10 de noviembre.

El mandatario indígena Evo Morales ganó la primera vuelta electoral del 20 de octubre, pero inmediatamente dirigentes opositores iniciaron acciones de violencia contra campesinos y miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS). A esto se unió un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que anunciaba un supuesto fraude electoral, sin presentar nunca pruebas concretas.

La secuencia de sucesos forzó la renuncia del gabinete gubernamental, entre ellas las de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera.


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