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Agentes de la fuerza de tarea de la Fiscalía y efectivos de la policía nacional realizaron allanamiento para capturar a los funcionarios.

Agentes de la fuerza de tarea de la Fiscalía y efectivos de la policía nacional realizaron allanamiento para capturar a los funcionarios. | Foto: EFE

Publicado 5 junio 2020


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Las autoridades de Ecuador capturaron al asambleísta del partido Alianza País, Daniel Mendoza, y al director del Servicio de Contratación de Obras, René Tamayo Silva, por presunta corrupción.

La Fiscalía General de Ecuador, informó este viernes la detención preventiva del asambleísta del partido Alianza País, Daniel Mendoza, y del director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo Silva, por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí.

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El operativo de detención de los funcionarios públicos fue desarrollado por agentes de la fuerza de tarea de la Fiscalía y efectivos de la policía nacional, quienes allanaron el domicilio en la ciudad de Quito (capital de Ecuador), en la localidad de Portoviejo y Bahía de Caráquez.

Los hechos transcurren después de que el ente acusador realizara una investigación por las irregularidades en la adjudicación de contratación para la construcción del Hospital Básico de Pedernales en la provincia de Manabí, por el valor de 16.000.000 de dólares.

 

En ese sentido, la Fiscalía reveló el inicio de investigación de la denominada operación Fortuner y a través de un comunicado dieron a conocer que "un total de 1.694.720,80 dólares, 1.032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo, documentación relacionada con la investigación, equipos electrónicos y armas de fuego" fue lo incautado durante el allanamiento.

Por su parte, la Contraloría General de Ecuador, responsabilizó penalmente a funcionarios del Secob, como ente administrativo y de fiscalización de las obras del Estado.   

Asimismo, el ente de control indicó que los funcionarios a cargo de las contrataciones no aceptaron las ofertas de empresas extranjeras para ejecutar las obras públicas, toda vez que existían funcionarios públicos a cargo de la veeduría, siendo a la vez gerentes de compañías subcontratistas.


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