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Las integrantes de la campaña por la legalización del aborto continúan movilizadas en defensa de la ley y de otras reivindicaciones.

Las integrantes de la campaña por la legalización del aborto continúan movilizadas en defensa de la ley y de otras reivindicaciones. | Foto: Prensa Latina

Publicado 30 diciembre 2021



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Convocan a un “pañuelazo federal” en plazas de todo el país para celebrar el aniversario de esa conquista histórica.

Colectivos y organizaciones feministas de Argentina se movilizan este jueves para celebrar el primer aniversario de la aprobación por el Congreso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y exigir que dicha norma se implemente plenamente y por igual a nivel nacional.

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De acuerdo con convocatorias difundidas a través de las redes sociales, el “pañuelazo federal” (como se denomina a la movilización) tendrá lugar en plazas de todo el país a partir de las 19H30 hora local  (22H30 UTC).

Además de regocijarse por lo hecho durante estos primeros meses (la IVE o ley ley 27.610 entró en vigor el 24 de enero de 2021), los participantes en la iniciativa pedirán el sobreseimiento de la doctora Miranda Ruiz.

La especialista fue imputada en la ciudad de Tartagal (provincia de Salta, norte) luego de haber practicado una interrupción legal de embarazo (ILE).

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito precisaron en su convocatoria que vuelven a las calles este jueves para demandar también educación sexual integral y mayor acceso a la anticoncepción, así como atención de calidad, escucha activa, trato digno, abortos seguros y atención posaborto.

Principales saldos

La promulgación de la ley convirtió en deber del Estado la prestación de este servicio de salud en condiciones seguras y dignas, jerarquizando la salud y la vida de la mujer.

La organización de este servicio desterró para siempre el carácter clandestino que antes tuvo el aborto en la nación suramericana y la criminalización a quienes lo utilizaron.

Al enviar el proyecto de ley al Congreso, el propio presidente Alberto Fernández reconoció que cada año eran hospitalizadas alrededor de 38.000 mujeres debido a abortos mal practicados y más de 3.000 murieron por esa causa desde la recuperación de la democracia en el país (1983).

La legalización de la IVE también sentó precedentes en el avance a una sociedad más igualitaria, al reconocer el derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo y la maternidad.

Lograda la conquista principal, las feministas argentinas siguieron movilizadas en defensa de una ley que fue atacada por la derecha y sectores conservadores.

Un año en cifras

El Ministerio de Salud de la Nación divulgó que hasta el pasado 30 de noviembre se habían realizado 32.758 interrupciones de embarazos de manera segura y en centros asistenciales públicos.

Un total de 1243 hospitales y centros de salud de todo el país garantizan la práctica, frente a los 903 registrados en diciembre de 2020. Se aspira a llegar a 5.500 en 2022.

Un informe de la cartera precisa que se distribuyeron 46.283 tratamientos de Misoprostol, medicamento con que se realizan las interrupciones.

Además, se editaron tres protocolos nacionales sobre cómo proceder en la atención de la IVE-ILE, en los casos de violación y en la atención posaborto, y se desarrolló una línea de formación en abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años.

Implementación plena

La integrante de la Campaña y de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis, recordó que durante el año se presentaron más de 30 amparos en contra de la ley, aunque la mayoría fracasaron.

Consideró que “la estrategia de la derecha de inhibir la ley se topó con una voluntad política del Gobierno en defender la ley y una voluntad inquebrantable del movimiento de mujeres de no dejar pasar una”.

Para la directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, la cuestión más preocupante es la disparidad entre las provincias para brindar el acceso al aborto.

A juicio de otra integrante de la Campaña, Yamila Picasso, avanzaron notablemente provincias como Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Pero la realidad es que sigue faltando muchísimo y nos cuesta mucho en provincias como Misiones, Corrientes, San Juan, San Luis, Mendoza, Catamarca y La Rioja. Son las más dificultosas a la hora de garantizar estos derechos”, apreció.

Para la activista, urge  mejorar la calidad de la atención. Al respecto, dijo que “si bien la mayoría de los casos se están resolviendo, todavía falta un montón para que esa atención sea de calidad, todavía hay profesionales que lo hacen pero las castigan, las hacen padecer situaciones que no deberían. Todavía está ese peso. Cada hospital, cada salita es un mundo aunque tengan el mismo marco normativo”.


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