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La expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner enfrenta este martes su primer juicio oral.

La expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner enfrenta este martes su primer juicio oral. | Foto: EFE

Publicado 21 mayo 2019





La defensa de la exmandataria afirma que desde un inicio el caso se ha manipulado con el único objetivo de condenar a Fernández de Kirchner.

Este martes 21 de mayo, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), debe presentarse al primer juicio oral en su contra por presunta corrupción.

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Pero ¿de qué se trata la acusación en contra de la exmandataria (2007-2015)?

A CFK la justicia argentina la acusa de otorgar desde la presidencia más de 50 licitaciones de obras públicas presuntamente de forma irregular, por un valor de 365 millones de dólares, a un mismo empresario, Lázaro Báez.

Persecución judicial

Sin embargo, el caso está plagado de irregularidades desde un inicio, de acuerdo con un reporte del diario argentino Página 12, firmado por Raúl Kollmann, quien afirma que el caso es esencialmente “una manipulación política".

El 13 de enero de 2015, un día después de ser nombrado como titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, identificado como un “furibundo anti-K”, emite su primera resolución y ordena una auditoría de las obras viales. No de todos los 24 distritos del país suramericano, sino de uno solo. Santa Cruz, de donde es originaria CFK.

15 días para auditar 81 obras

Los auditores, dos ingenieros y un contador, tuvieron 15 días hábiles para investigar las 81 obras que se hicieron en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Los especialistas dijeron que era imposible analizar bien 81 obras en ese tiempo.

El informe, presentado el 26 de marzo de 2016, concluye que no hay evidencias de que se hubiera pagado por algo que no fue construido.

“No hubo ninguna falsa certificación de obra a consecuencia de la cual se haya autorizado indebidamente un pago”, subrayó la conclusión.

Abril de 2016 inicia denuncia penal

El titular de la DNV, pese a las conclusiones de los profesionales, presentó una denuncia penal contra CFK el 26 de abril de 2016.

A raíz de esto se han sumado más irregularidades: un fiscal federal pidió, como prueba elemental, una pericia con la participación de todas las partes; fue separado del caso.

Los nuevos fiscales concluyeron -con base “en cálculos delirantes”- que los tramos construidos por las empresas de Báez tuvieron sobreprecios.

Sobre la expresidenta pesa la acusación, calificada de “insólita”, de que se hicieron demasiadas rutas en Santa Cruz. Sin embargo, la defensa de CFK demostró que a esa provincia se destinó el 11 por ciento del presupuesto de Vialidad, siendo que Santa Cruz ocupa el 12 por ciento del territorio nacional.

En el expediente se acusa a la exgobernante de otorgar 52 de las 81 obras a las empresas de Lázaro Báez. La defensa de la ahora senadora demostró que lo mismo ocurrió en todas las provincias. Las que son locales suelen ganar un alto porcentaje de las obras porque allí tienen el personal y las maquinarias. Y, además, a Santa Cruz son pocas empresas que quieren ir: hay que trasladar el personal y la maquinaria 1.800 kilómetros, trabajar en condiciones climáticas muy difíciles y los costos son mucho más altos que en la mayoría de las provincias.


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