El presidente del Gobierno de Cataluña considera que una sentencia absolutoria de los independentistas podría echar por tierra la criminalización de este movimiento promotor del referendo del 1 de octubre.
El presidente del Gobierno de Cataluña, Quim Torra, extendió este jueves un llamado a desobediencia civil, si la sentencia en contra de los líderes independendistas no resulta absolutoria.
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"Si la sentencia no es absolutoria, no la aceptaremos y actuaremos en consecuencia y todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Lo volveremos a hacer, más allá de multas, inhabilitaciones o amenazas", expresó.
Asimismo, manifestó que la protesta deviene del pleno derecho del pueblo y los trabajadores de convocar una huelga general, además, adelantó que sería una manifestación pacífica de toda España.
▶️“Estic convençut que el poble de Catalunya no acceptarà, com tampoc ho faré jo, cap sentència que no sigui la lliure absolució. Castigar a qui exerceix els seus drets és incompatible amb els drets humans. La no cooperació amb la justícia és una obligació moral” #EPDesayunoTorra pic.twitter.com/pLwLEsR3SA
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 5 de septiembre de 2019
"Estoy convencido de que el pueblo de Cataluña no aceptará, como tampoco lo haré yo, ninguna sentencia que no sea la libre absolución. Castigar a quien ejerce sus derechos es incompatible con los derechos humanos. La no cooperación con la justicia es una obligación moral", denunció Torra.
El presidente de Gobierno catalán dio estas declaraciones durante el desarrollo de un llamado desayuno informativo organizado en la ciudad de Madrid, capital de España, por un medio de comunicación español, evento que aprovechó para defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
"Cataluña se propone ejercer el poder por la vía del respeto escrupuloso a los derechos civiles políticos y sociales de sus ciudadanos", matizó Torra en su intervención frente a los medios.
El líder catalán reiteró la necesidad de una resistencia sustentada en la desobediencia pacifica para defender y colocar la independencia en el centro de la política.
El expresidente del Gobierno de Cataluña Carles Puigdemont y otros 11 líderes independentistas, enfrentan cargos de siete a 25 años de prisión bajo los cargos de malversación de fondos públicos, rebelión y sedición, acusaciones que pretenden criminalizar el referendo por la autodeterminación de Cataluña celebrado en 2017.