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Esta medida, aprobada sin estudio ni discusión parlamentaria, fue solicitada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, en el marco del régimen de excepción decretado el domingo pasado.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles un fuerte endurecimiento de penas contra los miembros de las pandillas, en respuesta a la ola de homicidios que el país vivió el fin de semana pasado y que llevó al establecimiento de un estado de excepción.
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Esta medida, aprobada sin estudio ni discusión parlamentaria, fue solicitada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, en el marco del régimen de excepción decretado el domingo pasado por una escalada de los asesinatos.
Asimismo, forma parte de un paquete de ocho iniciativas propuestas por Bukele que reformaron el Código Penal, la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, la Ley del Presupuesto 2022 y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, entre otros.
Establecimos medidas más severas para castigar a los menores de edad que pertenezcan a pandillas. pic.twitter.com/DPn6eQLho1
— Asamblea Legislativa ���� (@AsambleaSV) March 31, 2022
Este incremento de penas busca, según el decreto aprobado con 76 votos de 84 diputados, reprimir y disuadir a los miembros de pandillas para no cometer delitos.
Tras la aprobación de la norma, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó que la misma penará el solo hecho de pertenecer a un grupo criminal.
“De ahora en adelante, el solo hecho de pertenecer a estructuras terroristas será catalogado como delito y será castigado con una pena ejemplar. No vamos a tolerar más abusos de parte de estos grupos criminales”, manifestó el funcionario.
Estamos comprometidos con la seguridad de nuestro pueblo, por eso endurecemos los castigos para los delitos cometidos por las pandillas. pic.twitter.com/Eo8UDPVQPe
— Asamblea Legislativa ���� (@AsambleaSV) March 31, 2022
La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años de prisión.
Los legisladores también establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las maras.
El Congreso también aprobó reformas al Código Procesal Penal para proteger las identidades de jueces y otros funcionarios en procesos penales relacionados con pandillas, además de eliminar la libertad condicional para delitos como el homicidio, entre otros cambios.
