Manifestantes desafían estado de excepción en Ecuador

El paro nacional, convocado por la Confederación Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), prosigue este domingo, en un contexto en el cual al menos seis sectores de la capital, Quito, siguen cerrados por las protestas y el Gobierno ratifica su decisión de mantener el estado de excepción.

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Las protestas continúan pese a la declaratoria de estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. De hecho, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, ratificó que "el paro sigue nacional, territorial e indefinido con una agenda clara de 10 temas" que le han sido planteados al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

En el interín, la Policía Nacional, por orden de la Fiscalía General, realizó un allanamiento a la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito.

Según el Ministerio Fiscal, de una alerta sobre que supuestamente en las bodegas y subterráneos de la casa de la Cultura, un grupo de 30 personas, nacionales y extranjeros, estarían almacenando material bélico, como explosivos y armas artesanales, que serían utilizados en las manifestaciones de los próximos días, para retener a policías y militares, con el fin de ingresar a la Presidencia de la República.

En respuesta, la Conaie dice que se trató de un operativo hecho "con asombrosa agilidad por una llamada anónima", en la cual, en realidad, "el Gobierno allana los espacios democráticos culturales, encarcela y atenta contra líderes sociales y criminaliza el  Paro Nacional".

Este espacio, denuncia la el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, albergó a ciudadanos durante las manifestaciones de octubre de 2019, en un acto humanitario, ante lo que llamó la desmedida represión policial.

Varios artistas, gestores culturales y actores políticos aseguran que forma parte de la criminalización de la protesta que lleva adelante el Gobierno Nacional, por lo que rechazan este allanamiento.

La Conaie también ha insistido en solicitarle a la Asamblea Nacional, la cual se reúne este lunes en plenaria, que no se haga cómplice del Gobierno y derogue el decreto mediante el cual el presidente Guillermo Lasso impuso el Estado de excepción, lo cual calificaron de "acto desesperado".