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Estas jornadas de protesta son en defensa del presupuesto para la educación y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Organizaciones sociales y de educación se movilizaron esta semana en Ecuador exigiendo el cumplimiento de sus derechos humanos y en protesta del Gobierno de Guillermo Lasso, quien ha implementado políticas en detrimento de estos.
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La Unión Nacional de Educación (UNE) precisó que estas jornadas de movilizaciones se dan en defensa del presupuesto para la educación y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
La presidenta de la UNE en Esmeraldas, Jaqueline Méndez, indicó ante medios locales que “solo en el 2020 le restaron alrededor de $ 900 millones al sector educación y en este año, la asignación es menor a la del 2020 por la caída del PIB. Esto afecta gravemente a todo el sistema de educación para la niñez y juventud”, valoró la dirigente.
Esta semana jubilados y maestros se movilizaron en exigencia al cumplimiento de sus DDHH. En el caso de los jubilados del Min de Salud, denuncian el impago de sus jubilaciones. El Min de @FinanzasEc aseguró que analizarán la denuncia @SintesisteleSUR pic.twitter.com/hq8lsINanP
— Denisse Herrera (@denisseteleSUR) October 8, 2021
Jaqueline Méndez expresó que está presente “el viejo discurso” de que no existe dinero para la educación de la niñez y la juventud producto de la crisis económica, sin embargo se contradice con “las millonarias utilidades que en plena pandemia han obtenido un minúsculo grupo de empresarios”.
La UNE igualmente realizó un performance que simbolizó las condiciones que deben tener las aulas para cumplir con las garantías que la LOEI respalda para un regreso a clases con garantía de vida.
��Así fue la jornada del 06 de #Octubre en demanda de que se aplique la #LOEI y por presupuesto para #educación
Publicado por Unión Nacional de Educadores en Viernes, 8 de octubre de 2021
La UNE de la provincia de Imbabura “seguirá en pie de lucha demostrando que con la unidad y la organización todo es posible”, refirió la organización educativa, quien valoró que se están afectando los derechos de más de 1.000 estudiantes, docentes y familiares.
