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Ecuador vivió una intensa represión durante el levantamiento popular de octubre de 2019, del cual responsabilizan a Romo.

Ecuador vivió una intensa represión durante el levantamiento popular de octubre de 2019, del cual responsabilizan a Romo. | Foto: Twitter: FEUE

Publicado 23 noviembre 2020



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La exigencia pretende que la ministra se haga responsable de la represión contra la movilización popular en 2019

La Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE) exigieron este lunes la destitución de la ministra de Gobierno,  María Paula Romo, a quien responsabilizan de la represión contra el levantamiento popular ocurrida durante octubre de 2019.

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Los estudiantes universitarios recuerdan que aquellas movilizaciones se produjeron "contra la política neoliberal del Gobierno de Lenín Moreno que afecta a los bolsillos de los ecuatorianos" y que Romo "se convirtió en la defensora número uno de la represión a las organizaciones sociales, durante el levantamiento indígena y popular" al ser, en ese momento, "la responsable de la seguridad interna del país a través de la Policía Nacional".

El gremio estudiantil denuncia que la ministra "conocía del uso de bombas lacrimógenas caducas, el ataque con gases lacrimógenos en la zona de las universidades, que fueron declaradas zonas de paz, de las tácticas utilizadas por la policía para disparar directo al cuerpo balas de salva, perdigones, bombas lacrimógenas al pueblo ecuatoriano que protestaba".

El comunicado de la FEUE, hecho público este lunes alude, además, que "mientras a la educación superior se le ha reducido durante estos tres años, mas de 300 millones de dólares, lo que afecta el funcionamiento, investigación y oferta  académica de las universidades y escuelas politécnicas; la ministra Romo ha insistido en reiteradas ocasiones que no se reduzca el presupuesto de las fuerzas  armadas, bajo el argumento de que es vital mantener el orden público".

En ese sentido, denuncian que el gobierno del presidente Moreno "ha buscado consolidar un aparato represivo con las fuerzas armadas", con el "asesoramiento permanente de la USAID, (y otras) instituciones que internacionalmente son  reconocidas por vulnerar los Derechos Humanos".


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