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Las disputas territoriales entre los grupos armados han afectado además de Antioquia a localidades en Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca y Meta.

Las disputas territoriales entre los grupos armados han afectado además de Antioquia a localidades en Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca y Meta. | Foto: Pontificia Universidad Javeriana

Publicado 28 septiembre 2018



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Las comunidades rurales colombianas se encuentran sometidas a desplazamientos por enfrentamientos de grupos armados que se disputan el control de las zonas. 

El alcalde del municipio Ituango, ubicado en el departamento de Antioquia, Hernán Álvarez, denunció este viernes que las confrontaciones que se están dando entre grupos armados ilegales que operan en la región han causado desplazamientos masivos. 

La autoridad explicó que agrupaciones armadas se enfrentaron el pasado jueves 27 de septiembre por la noche en zona rural Santana el desplazamiento de los habitantes del lugar por temor a ser víctimas del fuego entrecruzado.

"La confrontación se presentó en Santana, que es la parte alta (del caserío) y pues la gente estaba muy asustada con esa confrontación, pero el Ejército Nacional ya está haciendo presencia en la zona", dijo Álvarez.

El alcalde no especificó la cantidad de personas que huyeron de sus hogares, pero un ente no gubernamental señaló que son un aproximado de 300.

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El pasado martes 24 de julio, la Defensoría del Pueblo informó que "al menos 17.825 personas han sido desplazadas en Colombia durante el primer semestre de 2018 por causas asociadas al conflicto armado en 11 de los 32 departamentos que conforman el país".

La Defensoría del Pueblo afirmó que esta cifra "representa un aumento significativo en las tendencias del desplazamiento forzado y las afectaciones a la población, teniendo en cuenta que en todo el 2017 se desplazaron 12.841 personas".

Por estos acontecimientos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general exigen al  Gobierno que refuerce la implementación de medidas integrales de protección, asistencia, reparación y restablecimiento de derechos fundamentales a las poblaciones afectada resguardando su vida, libertad e integridad.

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