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El Gobierno de Colombia contempla la posibilidad de reiniciar las fumigaciones con glifosato contra los campos de cultivos ilícitos.

El Gobierno de Colombia contempla la posibilidad de reiniciar las fumigaciones con glifosato contra los campos de cultivos ilícitos. | Foto: EFE

Publicado 27 junio 2020



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Los reclamos están relacionados con la erradicación forzada de cultivos ilícitos, en contra del punto 4 de los acuerdos.

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (Coccam) denunció el incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).

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A través de su cuenta en la red social Twitter, la Coccam se refirió este viernes a la erradicación forzada de cultivos ilícitos con la intervención de las Fuerzas Armadas, calificándolo como acto violatorio de lo pactado.

Durante la cuarentena nueve departamentos fueron intervenidos por militares para erradicar cultivos de hoja de coca, señaló la organización, que registra este año 90 casos de eliminación forzada.

Coccam ha precisado que las comunidades más afectadas son las que se habían acogido al Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícitos (Pnis), componente de la Reforma Rural Integral.

La organización se opone a la erradicación forzada por considerar que no resuelve el problema de los cultivos ilícitos. Afirma que desmantelar los cultivos, sin dar otras alternativas a los agricultores, mantiene la precaria situación de estos.

Por su parte, la abogada y defensora de Derechos Humanos colombiana Soraya Gutiérrez, denunció que el gobierno colombiano mantiene una política errada en materia de drogas por negarse a aplicar el punto 4 de los acuerdos de Paz.

La jurista publicó un artículo de opinión en un medio local, en el que analiza la prioridad que el gobierno de Iván Duque está dando a la salida impuesta por los Estados Unidos, pretendiendo volver a las aspersiones aéreas de glifosato y aplicando la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca.

“De esa forma hace a un lado la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades y desconoce la importancia de aplicar el PNIS, que para el 2020 está desfinanciado en un 97 por ciento”, expuso Gutiérrez.

En el punto 4 del Acuerdo Final, denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, las partes acordaron la erradicación de los cultivos ilícitos por medio de un nuevo Pnis, basado en el principio de sustitución voluntaria de cultivos.

“Insistir en perseguir los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, los cultivadores y los consumidores, es un error que tiene altos costos y efectos colaterales muy costosos para el país: nos cuesta recuperar la confianza en las instituciones, nos cuesta no tener resultados eficaces contra las problemáticas de las drogas, y sobre todo, nos cuesta cientos de vidas', concluyó Gutiérrez.


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