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El Comité de Unidad Campesina alertó a organizaciones de derechos humanos para proteger a los campesinos indígenas y evitar un derramamiento de sangre.

El Comité de Unidad Campesina alertó a organizaciones de derechos humanos para proteger a los campesinos indígenas y evitar un derramamiento de sangre. | Foto: Brigadas Internacionales de Paz

Publicado 27 agosto 2022



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Alertan que oligarcas de Alta Verapaz entrenan a grupos para atacar a más de cien familias, incendiar sus casas y desplazarlas.

El Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala denunció este sábado que más de 100 familias campesinas de la comunidad El Temal, región El Cobán, en el departamento de Alta Verapaz (norte), podrían ser víctimas de desalojos extrajudiciales promovidos por terratenientes locales.

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Según representantes de las familias, los desalojos se perpetrarían a finales de agosto por grupos paralelos de comunidades aledañas y cuadrillas, los cuales son entrenados por los referidos oligarcas para atacar a los pobladores, incendiar sus casas y forzarlos a marcharse del lugar.

Se trata de familias mayas q´eqchi´, descendientes de mozos colonos que trabajaron para familias alemanas asentadas en Guatemala durante el gobierno del presidente Justo Rufino Barrios, entre 1873 y 1885.

 

Cuando estas familias se marcharon, sus tierras pasaron a manos de Estado y ahora se encuentran en proceso de adjudicación a los campesinos.

El CUC lanzó una alerta a instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos para intervenir en esta situación e impedir un posible derramamiento de sangre.

No es la primera vez que este tipo de desalojos se perpetra en Alta Verapaz y contra comunidades mayas q´eqchi´. El 15 de agosto de 2020, otras 40 familias campesinas de ese pueblo, asentadas en la finca Cubilgüitz, fueron violentamente desalojadas y sus casas incendiadas.

Se trataba de extrabajadores de la finca, quienes fueron despedidos 15 años antes, nunca recibieron el pago de sus prestaciones laborales y decidieron asentarse allí para reclamar sus derechos.

Aquel ataque lo llevaron a cabo individuos armados que actuaron en complicidad con un terrateniente local. Según contaron los campesinos, venían sufriendo intimidación desde un año antes del desalojo, con amenazas y disparos al aire.

De acuerdo con medios locales, este grupo armado actuó en ocasiones anteriores como fuerza de choque para reducir a campesinos en pie de lucha por la tierra, y su actuación es permitida por los terratenientes.


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